El pleno del Congreso aprobó el último jueves las modificaciones a la paridad y alternancia. (Foto: Congreso de la República)
El pleno del Congreso aprobó el último jueves las modificaciones a la paridad y alternancia. (Foto: Congreso de la República)

La bancada del Frente Amplio se mostró en contra de eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria y por eso votó en contra en un dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso.

A través de un pronunciamiento, dicho partido recordó que la legisladora Mirtha Vásquez presentó el proyecto de ley Nro. 5310, donde se plantea la modificación parcial de dicha figura.

“Dicho proyecto de ley planteaba regular mejor la impunidad (sic) para que no proteja a congresistas contra investigaciones fiscales o procesos penales iniciados antes de asumir el cargo. Que en caso de delito flagrante los congresistas sean puestos a disposición del congreso en un plazo máximo de 24 horas, para que autoricen su privación de libertad. Y que las peticiones de levantamiento de inmunidad en los casos de delitos no flagrantes se realicen perentoriamente en un plazo máximo de 45 días”, señaló.

En ese sentido, tras considerar que eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria “no contribuye a resolver el problema de fondo”, el Frente Amplio aseguró que “genera espacio para la persecución política”.

“Asimismo, cabe recordar que la inmunidad parlamentaria fue desvirtuada por el Congreso disuelto, de mayoría fujimorista, donde la inmunidad terminó siendo un mecanismo de impunidad con dilaciones indebidas en los procesos de levantamiento de inmunidad, como sucedió con el caso del ex congresista [Edwin] Donayre cuyo proceso demoró 8 meses; permitiendo incluso su fuga”, acotó.

El último martes 30 de junio y tras un debate que se extendió durante tres sesiones, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que elimina la figura de la inmunidad parlamentaria.

La propuesta fue aprobada con 17 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. El texto, que modifica el artículo 93 de la Carta Magna, queda listo para ser evaluado por el pleno, donde no están asegurados los 87 votos necesarios para que se convierta en ley.

Con dicha reforma, en la Constitución solo quedaría establecido que los legisladores “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones”.