Queda en manos del Pleno. La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para legislar por 60 días, con un énfasis central en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada.
La votación obtuvo 20 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
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El dictamen prioriza 23 de las 26 submaterias solicitadas por el Ejecutivo exclusivamente para reforzar la seguridad. Según el presidente de la comisión, Arturo Alegría (Fuerza Popular), la propuesta es “exhaustiva, técnica y responsable”, y busca responder a una crisis marcada por la expansión de organizaciones criminales nacionales y transnacionales.
Alegría resaltó que el dictamen se enfoca en medidas de impacto inmediato para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato, que han crecido de manera alarmante. Citó cifras de la Policía Nacional que muestran que las denuncias por extorsión pasaron de 3,872 en 2019 a más de 22,000 en 2024.
“Esta expansión delictiva supera las capacidades de respuestas tradicionales. La criminalidad posee una capacidad inusual de adaptación, tecnología, infiltración territorial y sofisticación operativa”, dijo el parlamentario al sustentar el predictamen.
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Respuestas normativas integrales
El documento plantea que las facultades permitirán implementar reformas legales orientadas a reforzar la inteligencia policial, el control de armas, el manejo migratorio, la cooperación entre entidades y el fortalecimiento institucional del sistema de justicia.
“No se trata solo de incrementar sanciones o ajustar procedimientos, sino de consolidar una política pública coherente para proteger a la ciudadanía y al propio Estado frente a amenazas complejas en evolución constante”, sostuvo Alegría.
El predictamen advierte, además, que la criminalidad organizada ha demostrado capacidad para adaptarse más rápido que las respuestas estatales, lo que obliga a generar un marco normativo integral que articule prevención, investigación y persecución penal.
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Con la aprobación en comisión, el dictamen queda listo para ser enviado al Pleno del Congreso.
Si recibe el visto bueno, el Gobierno tendrá 60 días para emitir decretos legislativos orientados a enfrentar la inseguridad ciudadana, considerada por el Parlamento como el principal desafío nacional del momento.
