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La situación de las legisladoras María Acuña (Alianza para el Progreso), Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), Rosío Torres (Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (No agrupada) se agrava.
En ese sentido, el grupo de trabajo acordó otorgar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones, un plazo de 15 días hábiles para realizar las investigaciones del caso, por separado, y presentar los respectivos informes finales.
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En el caso de Acuña, la decisión se adoptó con 19 votos a favor. De acuerdo al programa “Beto a Saber”, la legisladora, quien es hermana del líder de APP, César Acuña, habría forzado a sus trabajadores a recortarse el sueldo con el propósito de destinar ese dinero para pagar la remuneración de otro de sus empleados.
La denuncia fue realizada por Carlos Herrera, quien indicó que la parlamentaria presuntamente pagó su sueldo, cuando era jefe de su despacho en Chiclayo, con dichos recortes a otros trabajadores.
En lo que respecta a Magaly Ruiz, 22 legisladores aprobaron que su caso sea investigado en la subcomisión. En marzo pasado, el extrabajador del Congreso, Carlos Marina Puscán, denunció a Punto Final que le cobraban S/ 1,500 mensuales del sueldo que recibía por sus trabajo de comunicador en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, que presidía la parlamentaria.
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De acuerdo a la investigación, el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, se encargaba del cobro dichos cupos alegando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por los gastos que había tenido en la campaña electoral pasada.
Los otros casos
Otra legisladora que se encuentra en el ojo de la tormenta es Rosio Torres. Veintidós congresistas respaldaron el informe presentado por la subcomisión, por lo que ahora será investigada por estos hechos.
El abril pasado, Punto Final reveló que Rosío Torres habría obligado a algunos de los trabajadores de su despacho a depositar parte de sus sueldos a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.
Una de las trabajadoras afectadas fue Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de la legisladora de julio de 2021 a agosto del año pasado. En ese periodo transfirió a Pérez Guerra, al menos, S/ 24,562.
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Finalmente, la Comisión Permanente acordó investigar, por la misma cantidad de votos, a Ugarte. Cuarto Poder reveló en abril pasado conversaciones de sus extrabajadores de su despacho en las que se quejan por tener que aportar, contra su voluntad, a una bolsa de dinero para pagar publicaciones en prensa con el objetivo de levantar la imagen de la legisladora, en el Cusco.
Su asesor principal, Roger Torres Pando, reconoció que los trabajadores dan parte de sus sueldo a la congresista; sin embargo, explicó que lo hacen de forma voluntaria.
Las cuatro legisladoras, investigadas por el presunto delito de concusión y acusadas de cometer infracción constitucional, también afrontan procesos en la comisión de Ética.
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