Con 12 votos a favor y 3 en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó este jueves el informe final de la Denuncia Constitucional 114 contra la ex presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. El documento recomienda inhabilitarla por 10 años para el ejercicio de cargos públicos, por la presunta infracción del artículo 45 de la Constitución y la presunta comisión de delitos como negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
La denuncia fue presentada por los excongresistas César Gonzáles Tuanama y Manuel Merino de Lama, quienes atribuyen a Vásquez actos irregulares durante su breve mandato como presidenta interina del Parlamento. Entre ellos, el incremento de sueldos y la designación de funciones a trabajadores sin aprobación del Consejo Directivo y fuera del marco reglamentario, cuando su gestión estaba por culminar.
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También se le acusa de haber dispuesto, en plena pandemia, la entrega física de tarjetas navideñas a través de Recursos Humanos, lo que habría incrementado los contagios por COVID-19 y derivado en la muerte de dos trabajadores y la hospitalización de otros.
El informe señala que, además de los delitos ya mencionados, podrían configurarse otros como tráfico de influencias, peculado, omisión de actos funcionales y atentado contra las condiciones de salud en el trabajo.
Otras decisiones de la SAC
Durante la misma sesión, la subcomisión presidida por la congresista María Acuña también admitió a trámite la Denuncia Constitucional 537, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el juez supremo Víctor Ticona Postigo, por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible con el juez César Hinostroza.
Asimismo, se declararon improcedentes múltiples denuncias constitucionales, entre ellas:
- La DC 334, presentada por la congresista Ruth Luque, contra la presidenta Dina Boluarte, el expremier Pedro Angulo y otros exministros por presuntos delitos cometidos durante los estados de emergencia.
- La DC 389, interpuesta por el congresista Jaime Quito, contra Boluarte y Otárola, por supuesta usurpación de funciones tras la vacancia de Pedro Castillo.
- La DC 558, contra los jueces Mariem De La Rosa y Pedro Cartolín, por presunto prevaricato.
- La DC 349 y la DC 340, ambas impulsadas por la congresista Silvana Robles, por presuntas violaciones a los derechos humanos durante protestas.
- La DC 568, presentada por la fiscal Delia Espinoza, contra el juez supremo Ángel Romero por patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
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En todos los casos improcedentes, la SAC argumentó falta de pruebas o el hecho de que los hechos denunciados aún se encuentran en etapa de investigación fiscal.
