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Tras más de un año en espera, el Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar a la excongresista aprista, Luciana León, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.
La votación se realizó diferenciada por delitos que presuntamente cometió la exlegisladora. En esta votación no participaron los integrantes de la Comisión Permanente.
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En total, 73 legisladores votaron a favor del delito de tráfico de influencias, mientras 3 se opusieron, mientras que en el caso de cohecho pasivo impropio 74 congresistas la respaldaron y 2 la rechazaron.
En el caso del delito de peculado doloso por apropiación, 75 votaron a favor, mientras que dos se opusieron.
Durante su intervención, la congresista Susel Paredes, delegada de la investigación, informó que a León se le investiga por presuntamente haber gestionado ante funcionarios públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el financiamiento de obras para el distrito de La Victoria, así como por favorecer a empresas vinculadas a Alexander Peña Quispe, presunto cabecilla y financista de la organización criminal “Los Intocables Ediles”.
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En cuanto a la presunta contratación de “trabajadores fantasma” en el Congreso, Paredes dijo que el dinero iba presuntamente para la excongresista. “El dinero correspondiente a ellos se lo entregaban a León Se le atribuye la contratación de trabajadores fantasma”, remarcó.
Para la congresista, los tres delitos que se le imputan a León tienen elementos de convicción suficientes y fueron conseguidos de manera lícita y transparente.
Al respecto, la exlegisladora aprista, quien se presentó ante el Parlamento junto a su abogado, Humberto Abanto, remarcó que es falso que haya pedido o que le hayan entregado algún tipo de dádiva, tal como se señala en el informe. “Se debe hacer la verificación que confirmen la verosimilitud. Eso no se ha hecho”, apuntó.
León insistió en que producto de su labor como congresista siempre escuchaba a los ciudadanos y llevaba sus reclamos a los ministerios, por lo que consideró que eso no puede ser visto como tráfico de influencias.
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“Esto corresponde a una venganza política”, enfatizó tras pedirle sensatez a los congresistas al momento de la votación; sin embargo, su suerte estaba echada.
Al término de la votación, el presidente del Congreso, José Williams, indicó que se derivará el expediente, con la acusación constitucional, a la Fiscalía de la Nación, que dirige Patricia Benavides.
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