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El Congreso aprobó, la tarde del viernes 15 de septiembre, el pedido de facultades legislativas del Gobierno para emitir normas sobre diversos temas.
La comisión parlamentaria que preside la congresista Martha Moyano de la bancada de Fuerza Popular, aprobó el pedido del Poder Ejecutivo con 18 votos a favor y 4 en contra.
Asimismo, dentro de los temas planteados por el Ejecutivo se encuentra el de la meritocracia, incorporando aspectos referidos al ingreso al régimen del Servicio Civil.
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En este contexto, la Comisión de Constitución ha determinado que las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo se enfocarán en aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, la gestión del riesgo de desastres, con énfasis en el fenómeno de El Niño global, la promoción de la meritocracia, la mejora de la infraestructura social y la calidad de los proyectos.
Dentro de estos parámetros, el dictamen resalta que la cuestión de la meritocracia está orientada a “fortalecer la administración pública para un mejor servicio”. Esto se llevará a cabo mediante modificaciones al marco legal actual, con el propósito de garantizar la igualdad en la remuneración y el trato de los empleados públicos, a través de su inclusión en el sistema del Servicio Civil.
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En otro aspecto, se indica en el documento aprobado que el Ejecutivo tendrá la facultad de legislar para modificar el Código Penal en relación con la seguridad y la tranquilidad públicas, sin que ello implique la restricción de libertades fundamentales como la libertad de expresión, opinión y reunión. Asimismo, se actualizará el nuevo Código Procesal Penal para mejorar la regulación de la investigación de delitos y la participación de la Policía Nacional y el Ministerio Público en este proceso.
En la misma línea, se llevará a cabo una revisión del marco legal relacionado con el crimen organizado, el tráfico de drogas, el control de sustancias precursoras de estupefacientes y delitos relacionados. Esto también comprenderá delitos aduaneros, pesca ilegal y violación de derechos de propiedad intelectual. Adicionalmente, se otorgará al Ejecutivo la autorización para modificar la ley que permite la ejecución de proyectos de infraestructura social básica.
En este contexto, se permitirá al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de Foncodes, llevar a cabo proyectos de inversión social en comunidades rurales en situación de pobreza de manera excepcional. Del mismo modo, se facultará al Ejecutivo para realizar ajustes en la Ley Marco de Prestación de Servicios de Saneamiento.
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Normas excluidas
Moyano también aclaró que se excluyó del dictamen la propuesta de crear un marco legal específico para las aplicaciones de servicios de taxi. Destacó que ya existe un proceso legislativo en curso en el Congreso, con un dictamen previamente elaborado.
De manera similar, el pedido del Poder Ejecutivo para legislar sobre la penalización de actividades relacionadas con la minería artesanal e informal no fue incluido en la propuesta.