Fueron 83 los legisladores que respaldaron esta propuesta, mientras que 27 se opusieron y ninguno se abstuvo.
Al igual que en la pimera votación, Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Acción Popular y Somos Perú votaron en bloque a favor de la iniciativa, mientras que Juntos por el Perú-Voces por el Pueblo, el Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista la rechazaron.
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De acuerdo con el texto, el delito de “criminalidad sistemática” será castigado con cadena perpetua en caso de delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado. Este se encuentra en el artículo 318 – B del Código Penal, Decreto Legislativo 635.
“El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua”, se lee en el texto.
El dictamen está basado en diferentes proyectos de ley, incluyendo uno del Poder Ejecutivo, con el fin de crear esta nueva figura delictiva, la cual anteriormente se denominó terrorismo urbano.
El dictamen aprobado también contempla penas no menores de 35 años de prisión para quienes provoquen zozobra de forma sistemática y generalizada, mediante al menos tres actos de grave intensidad.
La sanción se eleva a cadena perpetua cuando concurran agravantes como el uso de armamento militar, la participación de menores, la condición de miembro activo o retirado de las Fuerzas Armadas o la PNP, así como cuando se actúe con extrema crueldad o se ataque a funcionarios públicos.
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Incendio en local de venta en Miraflores y se sospecha de extorsión. Foto: Difusión.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz (Peru Libre), recordó el extenso proceso que siguió esta propuesta: “Este dictamen, que contiene 17 proyectos de ley presentados por diferentes bancadas, fue debatido en el pleno el 3 de octubre de 2024. Posteriormente se presentó un nuevo texto sustitutorio, se pasó a cuarto intermedio y, tras sucesivos debates, finalmente fue aprobado en primera votación el 16 de octubre de ese año. Hoy, después de su inclusión en la agenda ampliada, el Pleno le dio la aprobación definitiva”.
Sin embargo, no todos respaldaron la medida. La congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia) expresó reparos frente a la efectividad de la nueva norma: “El problema no es la falta de una norma, sino el plazo que tiene la Policía para investigar. Con 48 horas resulta casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones, revisar cámaras o individualizar a los autores. Lo que se necesita es ampliar a 15 días la detención en casos graves, como ya ocurre en delitos de terrorismo”.
Desde otra posición crítica, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) cuestionó la redacción de la propuesta: “No comparto esta lógica de populismo penal. El tipo penal está redactado de manera ambigua, al incluir frases como ‘otros de similar características’, lo que puede dar lugar a arbitrariedades”.
En contraste, otros legisladores defendieron la norma como una herramienta necesaria frente al incremento de la violencia criminal. El parlamentario Diego Bazán (RP) mencionó dos ataques recientes en La Libertad para justificar su apoyo: “El 20 de enero de 2025 dinamitaron la sede del Ministerio Público, y el 15 de agosto hicieron lo mismo en una concurrida calle de Trujillo. Necesitamos ser contundentes contra los criminales. Esta ley sí aporta porque tipifica un delito que hoy no existe en el Código Penal”, anotó.
