El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú a partir del 01 de julio de 2022, es decir, los casos que que hayan sido registrados antes de esta fecha no podrían ser procesados ni condenados por su comisión.
La iniciativa fue aprobada con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones. Por su naturaleza, deberá ser sometida a una segunda votación siete días después, indicó el presidente del Parlamento, Alejandro Soto.
“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, sostiene el PL.
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Proyecto de ley cuestionado, ¿por qué?
Durante el debate, Guillermo Bermejo (CD-JP) comparó las intenciones detrás de este dictamen con el afán de soslayar crímenes perpetrados por el nazismo en Alemania y la dictadura militar de Argentina del periodo 1976 – 1983. Por el contrario, Roberto Chiabra (APP) señaló que ha habido “mucha ligereza” en la tipificación de los delitos de lesa humanidad, generalizando actos aislados.
Por su parte, la congresista Sigrid Bazán (CD-JP) señaló que Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, los militares y el congresista Alejandro Aguinaga (FP) se verían favorecidos por el dictamen, al estar inmersos de violación de derechos humanos.
Margot Palacios (PL) indicó a su turno que este dictamen es “para lograr la impunidad de los violadores de derechos humanos”, que cometieron sus crímenes antes del año 2003. Gladys Echaíz (HYL) dijo que “se trata de una norma prácticamente de amnistía”, por lo que planteó ajustes al texto en lo referente a la prescripción de los delitos cometidos, los cuales se admitieron.
Otro cuestionamiento provino del vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (PL), quien planteó una cuestión previa para que el dictamen sea reevaluado en la Comisión de Constitución. Esta fue rechazada, pues 56 congresistas votaron en contra y solo 46 a favor.
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