El Pleno del Congreso aprobó este jueves, con 86 votos a favor, la insistencia de la autógrafa de ley que autoriza la suspensión de líneas telefónicas, el bloqueo del IMEI y la baja del servicio móvil en casos en que estos se vinculen a delitos como extorsión, explotación sexual, entre otros.
La iniciativa legislativa —que agrupa los proyectos de ley 6717 y otros— plantea el rastreo, localización y geolocalización de equipos móviles involucrados en actividades delictivas. Con ello, se busca reforzar la capacidad de respuesta ante el uso criminal de dispositivos de comunicación.
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La iniciativa modifica el Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana; y el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación.
Uno de los puntos clave es que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) podrá ordenar a las operadoras suspender temporalmente una línea, bloquear el IMEI de un equipo clonado o alterado, e incluso dar de baja el servicio. Esto podrá hacerse a solicitud del usuario afectado, siempre que presente una denuncia policial y pruebas del uso indebido de su línea. Las empresas operadoras tendrán un plazo máximo de 12 horas para ejecutar la medida.
Además, se permitirá el acceso a los datos de geolocalización y rastreo de los dispositivos cuando sea estrictamente necesario para una investigación policial. Este acceso deberá contar con autorización y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Adriana Tudela (Avanza País), subrayó que establecer estas medidas directamente en la ley —y no dejarlas solo al reglamento, como propuso el Ejecutivo— es esencial para asegurar una intervención rápida frente al crimen. Aceptar esa observación, dijo, significaría debilitar la finalidad de la norma.
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Los congresistas Elizabeth Medina (BMCN), Diego Bazán (RP) y Juan Burgos (PP) respaldaron también la propuesta, destacando su impacto en la lucha contra el delito.
Al tratarse de un dictamen aprobado por insistencia, no será necesaria una segunda votación para su promulgación.
