El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Nuevo Código Procesal Penal, con el fin de agilizar los procedimientos de extradición y expulsión de personas condenadas, reforzando la coordinación entre las entidades del Estado y la cooperación judicial internacional.
La iniciativa, sustentada en los proyectos de ley 4316/2022-PE y 8259/2023-CR, fue presentada por el Poder Ejecutivo y el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre). Su objetivo es optimizar los mecanismos de cooperación judicial internacional, garantizando procesos más eficaces y transparentes sin vulnerar los derechos humanos ni el principio de legalidad.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), destacó que la norma otorga mayor flexibilidad en situaciones excepcionales, permitiendo que los trámites de extradición se desarrollen de manera ordenada y con celeridad.
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Coordinación entre ministerios
El dictamen aprobado también busca reducir la lentitud de los procedimientos de extradición, al considerar que las demoras afectan los derechos de las víctimas, la ejecución de las condenas y la seguridad ciudadana.
Asimismo, promueve una mejor articulación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, con el propósito de fortalecer la persecución de delitos transnacionales.
La fórmula legal aprobada modifica el artículo 8 de la Ley 29158, estableciendo que el presidente de la república, como jefe de Estado, puede conceder la extradición conforme al Código Procesal Penal, previo informe de la Corte Suprema de Justicia.
Además, se incorpora que quien cometa delitos graves utilizando armas o explosivos, tales como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, generando zozobra en la población, será reprimido con cadena perpetua.
Acuerdos para combatir la criminalidad
Durante el debate, el congresista Ilich López Ureña (Acción Popular) informó que participó en una reunión con la presidenta del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente de la República y representantes del Parlamento, donde se acordó fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, el sicariato y la extorsión.
Explicó que, como parte de esos acuerdos, se ajustó la redacción de la norma que impone cadena perpetua en determinados delitos, sustituyendo la conjunción “y” por “o” en los términos “homicidio calificado o robo agravado”, para evitar interpretaciones amplias que afecten la correcta administración de justicia.
Por su parte, la congresista Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) subrayó que la norma agilizará los procedimientos de extradición mediante la participación del Consejo de Ministros y la emisión de un decreto supremo.
“Este proyecto es importante porque agiliza y recorta trámites burocráticos que impiden que la justicia sea efectiva. Permitirá que las personas que han cometido actos delictivos sean regresadas a su país con rapidez”, afirmó.
El dictamen fue exonerado de segunda votación, con 81 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
