
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó la denuncia constitucional, presentada por la Fiscalía de la Nación, contra el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal.
Ahora queda en manos del Pleno del Congreso ratificar la denuncia o desestimarla.
Según el informe final, presentado el 29 de enero tras ser aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se le acusa a Vizcarra por presuntamente haberse interesado indebidamente de manera directa en la designación de Daniel Soria Luján, como procurador general del Estado.
La acusación también alcanza a Ana Teresa Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos, también por los mismos presuntos delitos.
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Sin embargo, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, precisó que, en su caso, el plazo de antejuicio constitucional venció el febrero de este año, por lo que se informará de ello a la Fiscalía y, por tanto, no fue sometido al debate.
Durante el debate, Revilla ejerció su defensa. Sin embargo, Martín Vizcarra no asistió ni tampoco hizo acto de presencia de manera virtual, pese a haber estado notificado, según informó José Jerí, presidente del Congreso.
“Siendo que a la fecha el denunciado no ha presentado ningún documento sobre su asistencia a la presente sesión y en estricta aplicación del artículo 89 del literal K del reglamento del Congreso de la República, la mesa directiva califica la inasistencia como injustificada, por lo que se continuará con el trámite de la acusación constitucional”, mencionó el legislador.
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Las inhabilitaciones de Vizcarra
El expresidente Martín Vizcarra tiene tres inhabilitaciones para ejercer la función pública, las cuales fueron dispuestas por el Congreso de la República.
Su tercera y última inhabilitación, la cual fue por diez años, fue aprobada en junio del 2025 por la disolución del Congreso en 2019.
En mayo del 2022, Vizcarra fue inhabilitado por 5 años por sus vínculos con empresas privadas cuando fue ministro de Transportes, a quienes presuntamente favoreció.
En tanto, en abril del 2021, el exmandatario fue inhabilitado también por 10 años por el caso denominado “VacunaGate”.
