Ante el aumento de la inseguridad ciudadana en el país, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley con la finalidad de declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) y disponer medidas que aseguren su efectividad en la lucha contra la criminalidad.
La iniciativa en mención, de autoría del actual presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, propone que dicha medida sea por el plazo de 120 días.
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Durante este lapso de tiempo, el Gobierno realizará las gestiones que correspondan a fin de dotar a la PNP de equipamiento, servicios y otros recursos prioritarios, así como el mejoramiento de su infraestructura o culminación de obras, que le permitan luchar contra la criminalidad en el ámbito nacional.
La propuesta también autoriza el uso de recursos del canon y sobrecanon en los gobiernos regionales y locales para el financiamiento y cofinanciamiento de inversiones orientadas al mejoramiento de la seguridad ciudadana.
Esto incluye infraestructura y equipamiento en favor del Ministerio del Interior, para ser destinado a la PNP y al mantenimiento de activos generados con dicha inversión.
A su vez, el proyecto modifica el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado para disponer el procedimiento de contrataciones directas ante una situación de emergencia que afecten la defensa, seguridad nacional, orden interno, entre otras.
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Proponen crear comisión ad hoc
En la iniciativa legislativa también se plantea la creación de una comisión ad hoc con la finalidad de darle seguimiento y supervisión a las contrataciones directas ejecutadas durante el periodo de emergencia en la PNP.
Este grupo estará presidido por un representante del Mininter e integrado por los representantes de los sectores de Economía y Finanzas (MEF), de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).
De igual modo, esta comisión ad hoc podrá contar con la colaboración y participación, en calidad de veedor, de un representante de la Contraloría General de la República.
Culminado el periodo de emergencia, este grupo de trabajo, según refiere la propuesta, informará al Congreso sobre las inversiones, bienes o servicios contratados o ejecutados a favor de la PNP.
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