Congreso abre la puerta para que actuales legisladores puedan postular al Senado el 2022

La comisión de Constitución, presidida por Omar Chehade, inició ayer el debate del predictamen sobre retorno a la bicameralidad, eliminación de la inmunidad parlamentaria y cambios a la vacancia presidencial.

El documento, al que accedió Gestión, plantea que el Congreso, a partir del 2023, cambie su denominación a Parlamento, con dos cámaras: de Diputados y Senadores.

En el caso del Senado, se recomienda que la elección de sus 60 integrantes se realice conjuntamente con las elecciones municipales y regionales del 2022.

La Cámara de Senadores entraría en funciones a partir del 1 de enero del 2023, mientras que los congresistas que resulten elegidos en las elecciones del 2021 pasarían a conformar la Cámara de Diputados.

Si bien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que está prohibida la reelección inmediata de los actuales congresistas, cuyo periodo termina el 28 de julio del 2021, el experto en temas electorales, Julio Silva, advirtió que el predictamen abre la puerta a que estos puedan postular al Senado, en octubre del 2022.

“El planteamiento de regresar a un sistema bicameral origina que tengamos un Congreso con una nueva denominación y con dos cámaras. La norma de no reelección está referida al cargo de ‘congresista’, por lo que nada impediría que los actuales legisladores postulen al Senado”, señaló a Gestión.

Silva agregó que la comisión de Constitución debería precisar este tema en el predictamen y, en todo caso, plantear que la bicameralidad surja efecto a partir del 2026, para no generar mayor confusión.

“En todo caso, si se llega a mantener la propuesta de regresar a la bicameralidad tranquilamente podría implementarse a partir de las elecciones del 2026. Sería lo más saludable y respetaría la norma de no reelección aprobada en el referéndum”, apuntó el experto en temas electorales.

Este diario intentó comunicarse con Omar Chehade, pero no respondió nuestras llamadas.

Reacciones

El legislador de APP, Luis Valdez, consideró que la comisión de Constitución debería precisar bien el tema y no dejar espacios abiertos para la suspicacia y críticas de la población.

“Primero, todos debemos de entender y aceptar lo que se aprobó en el referéndum, la no reelección de congresistas. En mi caso ni siquiera postularé al Parlamento Andino en los comicios del 2021. Entiendo que este es el primer dictamen que está en debate y con las opiniones de los congresistas y expertos, se deberá cambiar. Hay que llegar a un punto que nos permita analizar bien el tema y evitar más dudas al respecto”, dijo a este diario.

El también exvicepresidente del Congreso recalcó que su partido (APP) está en contra de cualquier reelección congresal. “No estamos de acuerdo con la reelección de ningún tipo. Estamos en contra de eso (…) no debe haber reelección congresal, de ninguna forma. APP no va a apoyar (la propuesta) en ese sentido”, añadió.

Por su parte, Carlos Almerí, de Podemos Perú, sostuvo que no hay ningún impedimento legal para que los actuales legisladores puedan postular al Senado.

“En realidad, no habría ningún impedimento para postular al Senado y tampoco colisiona con alguna norma (…) el Senado es una nueva cámara y cualquiera puede postular, salvo los que fueron elegidos por cinco años. Aquel congresista que termina su mandato complementario en julio del 2021, podría postular, eso no tiene nada que ver con una reelección. Es una nueva elección”, señaló a Gestión.

Sin embargo, el vicepresidente de la comisión de Constitución consideró que, a lo mucho, solo cinco o seis integrantes del actual Congreso podrían aspirar al Senado, debido a que “se necesita otro perfil y condiciones”.

“Bueno, si un partido político me propone postular al Senado, claro que aceptaría, ¿por qué no?. Me he preparado años para ejercer una función pública, no soy un improvisado, ni soy un muchacho. Tengo una trayectoria limpia y honesta y si un partido me lo propone lo aceptaría con mucho gusto”, enfatizó.

Voto de confianza

El predictamen también plantea modificaciones importantes a la Constitución, sobre todo, en lo que se refiere al voto de confianza que solicita el Ejecutivo al Legislativo.

De acuerdo al texto, “dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurrirá a la Cámara de Diputados, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión”.

No obstante, la comisión plantea que “la exposición del gabinete no da lugar a voto de confianza por parte de la Cámara de Diputados”.

De esta manera, el Consejo de Ministros, al inicio de su gestión, solo acudiría al Parlamento a exponer su plan de gobierno y su continuidad ya no dependería del respaldo, a través de los votos, de los legisladores.

En agosto pasado, la bancada de Acción Popular anunció que presentaría un proyecto de ley para eliminar el voto de confianza en los nuevos gabinetes, tras lo sucedido con el equipo liderado por Pedro Cateriano, que no recibió la confianza del Congreso y tuvo que renunciar tras permanecer 20 días en el cargo.

Acceso a la información

Finalmente, el documento también hace precisiones respecto al pedido de información por parte del Legislativo a las demás instituciones, tanto públicas como privadas.

“Es potestad de cada representante del Parlamento pedir a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General de la República, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios, para su labor parlamentaria”, se lee en el predictamen.

El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Parlamento. “La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley”, se añade.

También se precisa que el Legislativo “tendrá acceso y sin limitación a las bases de datos, sistemas informáticos o cualquier mecanismo de procesamiento de datos de las entidades públicas para sus acciones legislativas, de fiscalización y de representación, conforme a su Reglamento”.

Sin embargo, esta autorización no habilita el acceso a información sensible o protegida constitucionalmente, bajo responsabilidad de ley.