El congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) constató algunas deficiencias de los servicios de telefonía móvil en el país, durante su visita a la central de monitoreo de Osiptel, donde se realiza la vigilancia del funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones en tiempo real.
El también presidente de la comisión de Defensa del Consumidor observó que en algunos puntos del país los servicios de telefonía no son los más adecuados, como el de una localidad huancavelicana, donde más de dos mil pobladores carecieron del servicio de telefonía móvil durante más de 96 horas.
Soto Palacios resaltó la relevancia del monitoreo en tiempo real para evaluar el servicio móvil que permite identificar fallas en las estaciones celulares a nivel nacional, facilitando así la identificación de las causas de interrupciones en el servicio, especialmente durante situaciones de emergencia, como las interrupciones causadas por fenómenos atmosféricos.
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Por su parte, el presidente ejecutivo de Osiptel, Rafael Muente Schwarz, explicó que la central de monitoreo detecta alertas de manera continua, lo que permite coordinar de forma inmediata con las empresas para restablecer el servicio. Además, la información generada por Osiptel se comparte con las instituciones responsables de atender las emergencias, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En relación a medidas regulatorias, Soto Palacios dejó abierta la posibilidad de impulsar un proyecto de ley destinado a fortalecer las facultades de Osiptel en cuanto a fiscalización electrónica y decomiso de bienes vinculados a infracciones administrativas. Este proyecto, el cual propone otorgar nuevas facultades a Osiptel para fiscalizar a operadoras de telefonía y servicios de internet, busca asegurar el cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas de telecomunicaciones.
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Muente añadió que el objetivo principal de estas acciones es garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas de telecomunicaciones, y mencionó que hasta la fecha se han impuesto multas por un total de 20 millones de soles a empresas por incumplimiento en la entrega de información requerida.
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