La Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana jueves 4 de julio y entre los temas de agenda figura el someter a segunda votación al proyecto de Ley, que propone prescribir el delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, cometidos antes del 2002.
Este proyecto de ley fue aprobado en primera votación por 60 votos a favor, 36 votos en contra y 11 abstenciones el pasado 6 de junio.
Precisamente ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a dicho proyecto de ley.
La reunión se iniciará a las 10.00 am en el hemiciclo de sesiones del Palacio Legislativo y tendrá carácter semipresencial, informó la Agencia Andina.
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Ley del Servicio Civil
Otro de los temas agendados es el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil y el que establece un subsidio extraordinario para promover la contratación en el sector privado de jóvenes con estudios superiores de entre 18 y 29 años. También figura el que modifica la ley sobre procedimiento concursal de apoyo a la actividad futbolística.
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Otros dictámenes agendados son los que buscan permitir la circulación de vehículos menores, como motos o mototaxis, para el servicio de taxi en provincias, así como aquel que propone restringir el uso de motocicletas como una forma de prevenir y sancionar crímenes.
También está en agenda el dictamen mediante el cual se modifica el Código Penal para aumentar la pena a la producción y comercialización ilegal de armas. Otro es el que establece criterios para determinar el monto de la remuneración mínima vital.
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Se ha incluido además el dictamen referido a establecer nuevas condiciones para acceder al Registro Integral de Formalización Minera, fijando un nuevo plazo de inscripción en este.
Otro dictamen agendado plantea modificar el Código Civil para establecer la posibilidad de que los animales de compañía sean ingresados a un régimen especial de sociedad de gananciales.
Asimismo, figura en agenda el dictamen con el que se busca modificar el Nuevo Código Procesal para posibilitar la revisión de oficio de la medida de prisión preventiva.
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