Dina Boluarte tiene dos denuncias constitucionales por presunto delito contra la administración pública y cohecho pasivo impropio por el denominado caso “Rolex”, así como lesiones graves y leves por los fallecidos y heridos durante las protestas de diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. (Foto: Presidencia)
Dina Boluarte tiene dos denuncias constitucionales por presunto delito contra la administración pública y cohecho pasivo impropio por el denominado caso “Rolex”, así como lesiones graves y leves por los fallecidos y heridos durante las protestas de diciembre del 2022 hasta marzo del 2023. (Foto: Presidencia)

La aprobó un plazo de 15 días para que la realice las investigaciones pendientes que tienen las dos denuncias constitucionales en contra de la .

Este jueves 5 de diciembre, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, puso a votación la propuesta de otorgar 15 días hábiles de investigación para estas acusaciones luego que la subcomisión las declarara como procedentes.

Se aprobó el plazo para ambos casos, con lo que la subcomisión presidida por María Acuña (APP) podrá colocar a un delegado a cargo de elaborar el informe final que determine si proceden las denuncias

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Como se sabe, la primera acusación a Boluarte, planteada por Juan Carlo Villena, se efectuó por el presunto delito contra la administración pública y cohecho pasivo impropio por el denominado caso “Rolex”, mientras que el segundo caso corresponde a la acusación, también planteada por Villena, contra la jefa de estado por el supuesto delito de homicidio calificado, lesiones graves y leves por los fallecidos y heridos durante las protestas de diciembre del 2022 hasta marzo del 2023.

Además, la denuncia también se realizó en contra los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.

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Otras acusaciones

Cabe señalar que la Comisión Permanente también aprobó otorgar 15 días de plazo de investigación por otras acusaciones contra los exministros Jorge López Peña (presunto enriquecimiento ilícito), Carlos Morán (presunta negociación incompatible o aprovechamiento del caro) y Betssy Chávez (presunto enriquecimiento ilícito agravado).

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, instó al presidente del Congreso a que se tramiten 16 denuncias constitucionales que aún siguen pendientes y que fueron presentadas a principios de este año por el Ministerio Público.

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