Jorge Luis Salas Arenas fue denunciado por presuntamente haber pedido al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, contratar a su exsecretario de confianza como personal administrativo . (Foto: GEC)
Jorge Luis Salas Arenas fue denunciado por presuntamente haber pedido al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, contratar a su exsecretario de confianza como personal administrativo . (Foto: GEC)

El presidente del , , se encuentra en la mira del Congreso de la República. .

La decisión se adoptó con 25 votos a favor, ningún voto en contra y una sola abstención.

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Ahora, el grupo de trabajo que preside deberá elegir a un legislador a fin de que se encargue de la investigación y, posteriormente, presente su informe final. Dicho documento deberá ser aprobado en la subcomisión y en la Comisión Permanente, para que después sea derivado al Pleno del Congreso.

En marzo pasado, el fiscal de la Nación interino, , presentó una denuncia constitucional contra Salas Arenas por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible, en la modalidad de instigador.

Según la hipótesis fiscal, en noviembre del año 2017 Villena, en su calidad de juez supremo, habría pedido al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, contratar a su exsecretario de confianza Pavel Cárdenas como personal administrativo. Ríos actualmente afronta prisión por el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

No obstante, Salas Arenas negó haber cometido delito alguno y remarcó que solo se limitó a dar las referencias laborales sobre la competencia y disponibilidad de ese funcionario.

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Otra denuncia en agenda

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La denuncia fue presentada por la legisladora de Avanza País, Rosselli Amuruz, quien solicitó que Salas Arenas sea investigado por los presuntos delitos de colusión y nombramiento ilegal en el cargo. Este último delito fue declarado improcedente.

De acuerdo con un informe de auditoria de la Contraloría, Tuesta no habría cumplido con uno de los requisitos formales especificados en el contrato que le hizo el organismo electoral, que exigía una experiencia específica de tres años en labores o prestación de servicios de asesoría en materia electoral.

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