La Comisión Permanente aprobó esta mañana una nueva acusación constitucional contra la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. En el informe se recomienda su inhabilitación por el plazo de 10 años.
Esto, luego de que el último miércoles no se alcanzaron los votos suficientes en el Pleno del Congreso para inhabilitar a Chávez por este mismo caso.
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El informe final obtuvo el respaldo de 17 legisladores, mientras que 6 lo rechazaron. De esta manera, el documento quedó listo para su votación en el Pleno, aunque aún se desconoce la fecha de su debate en dicha instancia.
Durante su intervención, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sostuvo que la expremier desempeñó un rol determinante en las acciones que favorecieron la estrategia de Castillo el pasado 7 de diciembre del 2022, contribuyendo al quiebre del orden constitucional.
Por ejemplo, señaló que, ese mismo día, la también excongresista condujo personalmente al equipo de TV Perú hacia el Despacho Presidencial en Palacio de Gobierno, pese a que dicha coordinación correspondía a oficinas especializadas y no a la PCM.
Además, advirtió que la exfuncionaria no mostró oposición alguna al Mensaje a la Nación emitido por Castillo, discurso que desencadenó la ruptura del orden constitucional, ni tomó acción para evitar su ejecución.
En lo que respecta a Castillo y el exministro del Interior, Willy Huerta, se reprogramó por única vez el debate de sus acusaciones para otra fecha. También se aprobó el informe final que envía al archivo la denuncia contra el congresista Roberto Sánchez, quien obtuvo una resolución suprema que archiva la acusación penal en su contra por el golpe de Estado.
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UNA SESIÓN ACCIDENTADA
La sesión de la Comisión Permanente estuvo marcada por un cruce de palabras entre el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, y varios legisladores, quienes cuestionaron su presencia en el Parlamento debido a que se encuentra suspendido para ejercer la profesión.
El abogado acusó al Congreso de buscar inhabilitar a los procesados en este caso como parte de una dictadura. Tras atacar e insultar, fue interrumpido por varios legisladores que exigían que se retracte.
“Tengo derecho a mi tiempo porque estoy defendiendo como yo quiero defender, y no como quiere el fujimontesinismo”, indicó, lo que ocasionó las críticas de diversos congresistas, como Patricia Juárez y Alejandro Muñante.
Lo que incendió la pradera fue la decisión del tercer vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, de permitir que Noblecilla continúe con su intervención, pese al pedido de diversos parlamentarios para que se retracte de los insultos que profirió.
Finalmente, Camones pidió calma a los congresistas. “Lo que se está evidenciando es que lo que realmente se quiere es viciar el proceso”, advirtió.
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