La Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el informe final de la denuncia constitucional presentada contra el exministro del Interior, Rubén Vargas, que recomienda su inhabilitación en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
Esto, por presuntamente haber pasado a retiro a altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de forma ilegal durante el gobierno de Francisco Sagasti.
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La decisión se adoptó con el voto a favor de 20 legisladores, mientras que tres se opusieron y solo se registró una abstención.
Ahora, el informe final deberá ser expuesto y debatido ante el Pleno del Congreso a fin de que la acusación contra el extitular del Interior pueda ser ratificado o rechazado.
La Comisión Permanente también aprobó acusarlo por la presunta infracción constitucional en su condición de exministro del Interior, así como por el delito de abuso de autoridad.
A su vez, se acordó levantar el fuero a Vargas, Sagasti y el exministro del sector, José Élice, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales.
El mes pasado, el grupo de trabajo ya había inhabilitado por 10 años de la función pública a Sagasti y Elice por estos hechos.
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“Me siento fortalecido y honrado”
En la Comisión Permanente participaron los abogados Daniel Figallo y Roberto Pereira en representación de Vargas, quienes defendieron la decisión de pasar al retiro a oficiales de la PNP.
Figallo recordó que el presidente de la República tiene la atribución exclusiva para disponer el pase al retiro de los oficiales, por lo que recalcó que no se puede atribuir un delito a los ministros en este proceso.
Respecto al posible abuso de autoridad, dijo que debe ser evaluado en instancias jurisdiccionales; no obstante, negó que en el caso de su cliente haya existido dicho delito.
A través de sus redes sociales, Vargas dijo sentirse “fortalecido y honrado” tras esta decisión, al considerar que la acusación en su contra es “política”.
“Elegir un nuevo comandante general de PNP y, como consecuencia de ello, pasar a retiro a un grupo de generales es constitucional y legal. Pero a la Comisión Permanente no le importa eso, el tema es político. Aún queda camino por andar. Me siento fortalecido y honrado”, expresó.
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