El expremier del gobierno de Pedro Castillo, Aníbal Torres, se encuentra a un paso de la inhabilitación. La Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda acusarlo por haber infringido los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú.
En ese sentido, se recomienda su inhabilitación en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
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Un total de 15 legisladores respaldaron el documento, mientras que seis se opusieron. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso votaron a favor de la inhabilitación de Torres.
Ahora, el documento deberá ser analizado y votado en el Pleno del Congreso. Cabe recordar que para lograr sancionar al expremier se necesitan, al menos, 67 adhesiones, sin contar con el voto de los miembros de la Comisión Permanente.
¿De qué se le acusa a Aníbal Torres?
En agosto del 2022, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una denuncia constitucional contra el entonces premier por haber azuzado a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia la capital.
“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, dijo en aquella oportunidad.
Estas declaraciones del exprimer ministro se dieron en el marco de unos los Consejos de Ministros descentralizados realizados por Castillo, en el que participaban ciudadanos que fungían como una especie de portátil del Ejecutivo.
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Al respecto, Martha Moyano, quien fue ponente de la denuncia presentada contra Torres, indicó que el exconsejero de Castillo vulneró la Constitución por su papel y sus declaraciones en estas reuniones.
“Ya se ha establecido que el denunciado llevo a cabo una serie de sesiones de ‘Consejo de Ministros descentralizados” sin marco constitucional y legal, y con finalidades y objetivos distintos a los previstos a dicho órgano; lo cual ya es en sí mismo un ejercicio indebido del poder otorgado. Adicionalmente se ha determinado que las expresiones que el denunciado realizó en dichos espacios, así como frente a medios de comunicación se realizaron superando los límites para el ejercicio de la libertad de expresión y opinión al tener la calidad de funcionario público; constatándose así un ejercicio fuera de los límites constitucionales y legales previstos, materializándose la infracción constitucional imputada”, indicó la legisladora.
En respuesta, el expremier, quien no se presentó ante la Comisión Permanente para ejercer su derecho de defensa, envió un oficio en el que negó que haya infringido la Constitución.
“Ni (Martha) Moyano, ni (Lady) Camones, ni ningún otro congresista podrán acreditar como verdad dicha falsedad”, dijo.
A su juicio, la aprobación del informe “deviene en un acto puramente instintivo de condena a quien consideran su adversario, en consecuencia, no tiene sentido que haya defensa alguna de mi derecho en esta etapa”.
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