La Comisión Permanente del Congreso aprobó, por mayoría, los informes finales de las denuncias constitucionales que recomiendan acusar a los exministros Alfonso Adrianzén (Trabajo) y Jorge Prado (Producción).
En el caso de Adrianzén, quien es investigado como presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, el informe que recomienda su acusación fue respaldada por 17 legisladores, mientras que 4 se opusieron.
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Durante su intervención, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, señaló se habría identificado la participación del exministro en el pago irregular de S/ 41′520,000, efectuado por EsSalud, a favor de la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C.
Esta empresa fue contratada en el año 2020 para la adquisición de 1′000,000 de pruebas rápidas para la detección de covid-19, pero incumplió los plazos de entrega estipulados en el contrato.
Inicialmente, se impuso una penalidad a la empresa y se paralizó el pago; no obstante, el pasado 10 de febrero de 2023, cuando Adrianzén ya era ministro y la presidencia de EsSalud la ocupaba Arturo Orellana, se anuló dicha penalidad y se autorizó el desembolso de dicho dinero.
El sector alegó que, tras emitirse un laudo arbitral, se habría verificado el cumplimiento de los plazos, a pesar de que existían evidencias en sentido contrario.
En respuesta, Adrianzén rechazó las acusaciones, al señalar que carecen de sustento jurídico y se basan en una interpretación sesgada de los hechos. Según dijo, su actuación como funcionario público se desarrolló estrictamente dentro de los límites legales del cargo y que nunca impartió órdenes ni autorizó pagos relacionados con el caso investigado.
“Lo que existió fue una legítima preocupación institucional ante la inoperancia de EsSalud, y un intento por impulsar soluciones, como la creación de un viceministerio de Seguridad Social, que lamentablemente no prosperó”, indicó ante el Pleno.
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OTRO EXMINISTRO EN LA MIRA DEL PARLAMENTO
Respecto a Prado, quien es investigado como presunto instigador del delito de negociación incompatible, la acusación en su contra fue aprobada por 20 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.
El legislador de Somos Perú, José Jerí, quien es delegado de la denuncia, explicó que la decisión se basa en pruebas presentadas por el Ministerio Público y diversos elementos recopilados en audiencias desarrolladas en el marco de la pesquisa.
El documento identifica indicios de una posible negociación incompatible en la contratación del señor Edwin Chávez Prado, sobrino del exministro, en el Ministerio de la Producción.
De acuerdo con el informe final, el proceso de contratación del mencionado funcionario no habría respetado los procedimientos regulares de selección, omitiendo un concurso competitivo y optando por una contratación directa.
En respuesta, el abogado de Prado, Douglas Rojas, argumentó que no existen elementos de convicción suficientes para demostrar que su patrocinado instigó o tuvo interés indebido en la contratación de su sobrino.
Aseguró que la contratación de dicho funcionario se llevó a cabo siguiendo los procedimientos administrativos correctos, y que su trabajo fue evaluado y aprobado por varias áreas del ministerio, como logística y recursos humanos.
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