Comisión especial: Convocará de grado o fuerza a funcionarios que no acudan a citaciones

Las autoridades universitarias, funcionarios y trabajadores del sector público que no cumplan con asistir a las convocatorias que se les hizo en forma reiterada, serán pasibles de ser conducidos de grado o fuerza y del allanamiento de sus domicilios o locales donde se encuentre la documentación requerida por la comisión investigadora.

Así lo aprobó hoy, en forma unánime, la comisión Especial Investigadora Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, Sunedu, Sineace, Concytec y demás adscritos al sector Educación, que preside el congresista Esdras Medina Minaya (UDP).

Además, señala que la comparecencia ante la comisión investigadora también comprende a cualquier persona vinculada al asunto de interés público que es objeto de indagación.

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Se informó que el incumplimiento a la citación en forma reiterada por parte del citado, podrá cambiar su condición de compareciente por la de investigado, si existe la valoración objetiva sobre indicios o hechos de presunta responsabilidad política, administrativa, civil, penal o de cualquier naturaleza.

Además, como resultado de la investigación, la comisión puede acordar la presentación de una denuncia constitucional o en el fuero judicial y, teniendo indicios de la posible salida del país de los investigados, solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida por una sola vez y por no más de quince días, puesto que la finalidad es que se preste la declaración respectiva o se entregue la documentación necesaria para la investigación.

En esa línea, la utilización del apremio en caso de inconcurrencia o negativa a entregar los documentos solicitados, otorga a la comisión investigadora la prerrogativa de solicitar ante el órgano jurisdiccional que el requerido sea conducido por la fuerza pública o se incauten los documentos solicitados, con apoyo de la fuerza pública.

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LOS PLAZOS

De otro lado, la comisión también aprobó de manera unánime otorgar un plazo de tres días hábiles a las entidades públicas o privadas para que tengan la posibilidad de alcanzar la información que les fuera solicitada y un adicional de dos días, en caso se requiera.

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