La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el legislador Elvis Vergara, aprobó por mayoría solicitar facultades de comisión investigadora para indagar las presuntas irregularidades en obras paralizadas, proyectos y contratos en los gobiernos regionales de Junín, Tumbes y La Libertad.
En el caso de Junín, el congresista Ilich López (AP) presentó una moción de orden del día con el fin de investigar presuntas irregularidades en la gestión del actual gobernador regional, Zósimo Cárdenas, (periodo 2023–2025).
La investigación comprende la ejecución de obras públicas, procesos de contratación y uso de recursos públicos, incluyendo la paralización o retraso de proyectos de inversión, así como posibles actos de colusión, corrupción u otras faltas funcionales.
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“Existen temas álgidos que se deben resolver, sobre todo aquellos relacionados con la transparencia”, señaló López Ureña.
Por su parte, el congresista Héctor Ventura (FP) solicitó investigar de igual manera al Gobierno Regional de Tumbes, al advertir que en dicha jurisdicción se han evidenciado presuntos actos de corrupción, lo que incluye allanamientos a funcionarios presuntamente implicados en dichas acciones.
En ese sentido, pidió la intervención inmediata de dicha entidad regional, a fin de que sus representantes sean convocados, incluso de grado o fuerza, para que comparezcan ante la comisión y brinden las aclaraciones correspondientes.
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Grupo de trabajo indagará presuntas irregularidades que corresponden a proyectos en Junín, Tumbes y La Libertad. Foto: GEC.
En tanto, el legislador Juan Burgos (PP) planteó que también se incluya al Gobierno Regional de La Libertad, debido a denuncias de irregularidades en contratos del corredor vial de la región, con elevados presupuestos y presuntos favorecimientos a determinadas empresas vinculadas al gobernador César Acuña.
De aprobarse la solicitud de facultades en el pleno del Congreso, la Comisión de Fiscalización ejercerá todas las facultades conferidas por el artículo 97 de la Constitución Política.
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De este modo, podrá actuar a nivel nacional, realizar convocatorias, solicitar información y coordinar con la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y otras instituciones competentes.
