La situación del congresista de Podemos Perú, José Arriola, se complica. El presidente de la comisión de Ética del Congreso, Diego Bazán, anunció que planteará iniciar una investigación preliminar en su contra tras la denuncia propalada por Punto Final, que lo involucra en un presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.
El legislador de Renovación Popular explicó que esta nueva investigación contra Arriola es distinta a la que culminó con una sanción la semana pasada. En aquella oportunidad, la comisión recomendó una amonestación escrita pública con una multa de 30 días de sus haberes.
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“Ante hechos revelados en Punto Final, propondré en comisión de Ética iniciar de oficio indagaciones preliminares contra congresista (José) Arriola Tueros por presunto recorte de sueldo a trabajadores. Está investigación es diferente a aquella que culminó con sanción hace una semana”, indicó en sus redes sociales.
En el informe final aprobado la semana pasada no se acreditó el recorte de sueldo de los colaboradores del parlamentario, ya que lo único que existe son declaraciones personales de aportes voluntarios de estos trabajadores para realizar campañas en poblaciones vulnerables.
Sin embargo, sí se acreditó que Arriola vulneró el principio de honradez, ya que obtuvo ventaja personal por acciones realizadas por sus trabajadores y, al mismo tiempo, mejoró su imagen.
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¿De qué trata la denuncia?
De acuerdo con Punto Final, cuatro extrabajadores del congresista reconocieron ante el Ministerio Público que sufrieron recortes de sueldos y que este amenazaba con despedirlos si no aceptaban.
Se trata de Henrry Zaira Rojas, Natalia Alzamora Miranda, Carlos Quispe Baldovino y Shyrleys Mendoza Gonzales, quienes denunciaron que el valor del porcentaje del recorte de sueldo lo definía mes a mes el congresista.
En su defensa, el parlamentario aseguró que sus trabajadores realizaron donaciones de manera voluntaria. Incluso, dijo que cuenta con supuestas declaraciones juradas para acreditar su versión.
En un comunicado enviado al dominical, Arriola insistió en que no obligó a sus colaboradores a entregar parte de sus salarios, así como trató de desacreditar la labor del Ministerio Público.
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