El fiscal Germán Juárez investiga el caso Club de la Construcción. (Foto: GEC)
El fiscal Germán Juárez investiga el caso Club de la Construcción. (Foto: GEC)

La jueza María de los Ángeles Álvarez declaró fundado el pedido del fiscal Germán Juárez que solicitaba incorporar a 16 empresas como investigadas en el proceso penal por el caso “.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Gestión, se trata de las empresas GyM S.A., Obras de Ingeniería S.A.C. - Obrainsa, ICCGSA, CASA, Constructora Málaga Hermanos S.A., Johe S.A., San Martín Contratistas Generales S.A., Grupo Plaza S.A., Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú, Andrade Gutiérrez Engenheharia S.A. Sucursal del Perú S.A., Mota Engil S.A., Superconcreto del Perú S.A., Energoprojekt Niskograndja S.A. Sucursal del Perú, Conalvias Construcciones S.A.C, Obrascon Huarte Lain S.A. Surcursal del Perú y Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C.

De esta manera, si el fiscal lo considera necesario al presentar su acusación podría presentar la disolución de la empresa, el cierre temporal, prohibición de contratar con el estado o una multa.

El 15 de abril de este año, el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, solicitó al fiscal German Juárez la incorporación de 18 empresas como personas jurídicas investigadas.

El pedido del fiscal Juárez incluyó 11 empresas solicitadas por el procurador y agregó otras cinco más Energoprojekt Niskograndja S.A, Superconcreto del Perú S.A, Conalvias Construcciones S.A.C, Obrascon Huarte Lain S.A. Surcursal del Perú y Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C.

El 17 de septiembre de este año, la procuradora ad hoc adjunta del caso Lava Jato, Silvana Carrión, solicitó a la jueza María Álvarez Camacho que acoja el pedido del fiscal Juárez a fin de que se incorpore como personas jurídicas a estas empresas.

Según fuentes de Gestión, con esta decisión del Poder Judicial que incorpora a estas empresas como personas jurídicas investigadas, dichas compañías podrían acogerse a la Ley 30737 a fin de constituir fideicomisos para garantizar los eventuales pagos de reparación civil que tendrían que afrontar por posibles daños al Estado.

En caso contrario, la Procuraduría ad hoc del caso Lava iniciará acciones legales para garantizar el pago de la reparación civil, precisaron las fuentes a este diario.

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