CIDH concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante protestas en Perú

Tras más de tres meses en espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó esta mañana, en conferencia de prensa, su informe final sobre las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el documento, que consta de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno.

“En el caso de Juliaca, la CIDH observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas. Como fuera indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta, que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas”, se advierte en el texto.

En lo que respecta a Ayacucho, el organismo internacional también alertó que se registraron graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.

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“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, determinó el informe de la CIDH.

En conclusión, la Comisión, según el texto, observó que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.

“En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores, como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, añade la CIDH.

Si bien en el informe se recuerda que nuestro país cuenta con un marco normativo que, de manera general, protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza y la participación del Ejercito en labores de seguridad ciudadana, el organismo advirtió que, durante el marco temporal analizado, “se registraron situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta y que no eximen la responsabilidad del Estado respecto a las violaciones de derechos humanos”.

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“Las graves violaciones de derechos humanos reportadas en este informe deben ser investigadas diligentemente por fiscalías especializadas en derechos humanos. Además, deben ser juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso. De encontrarse responsables, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales correspondientes”, concluye el informe tras precisar que las víctimas de violaciones de derechos humanas deben ser reparadas de manera integral,

Recomendaciones

El informe de la CIDH también contiene unas 36 recomendaciones al Estado peruano, que deberá implementar. Entre las más importantes destacan el “diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial, que permita la escucha de todos los sectores y niveles de la división política y administrativa, en especial de aquellos que han sido los más afectados por las discriminación histórica, social y estructural en el país”.

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Además, se sugiere “adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en el desarrollo de las manifestaciones y protestas para que su actuación priorice la defensa de la vida y la integridad de todas las personas”.

Finalmente, la CIDH recomienda aplicar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, las cuales deberán incluir acciones de compensación, rehabilitación médica y psicológica, entre otras.

“Se debe investigar todos los hechos registrados en el presente informe, en particular las presuntas violaciones de derechos humanos de manera célere, seria, eficaz, independiente y con atención a las debidas garantías judiciales”, concluye el documento.

Previamente, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, adelantó que una vez que se conozca el contenido del informe final de la CIDH, el Gobierno implementará todas las recomendaciones.

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