Ayer se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite, en marzo del año pasado, una demanda presentada por varias personas, entre ellas, el exministro y excongresista Javier Valle Riestra, en favor del fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos.
El recurso plantea que el cabecilla terrorista, recluido en la Base Naval del Callao, habría sido condenado sin respetar su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales. Además, se cuestiona que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal, algo que, según sostiene el documento, el Ministerio Público no investigó diligentemente.
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Como era de esperarse, esta noticia generó una serie de reacciones, sobre todo, en el Ejecutivo.
El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló en diálogo con la prensa que el Perú, como parte del Sistema Interamericano, respeta que todos sus ciudadanos puedan presentar denuncias si consideran que no se respetaron sus derechos humanos.
“Toda persona tiene derecho a solicitar si ha sido vulnerados o no (sus derechos), por eso somos parte de la Comisión Interamericana. Esto esperamos que las autoridades lo resuelvan”, señaló.
Añadió que el Gobierno presentará su contrarrespuesta “en el sentido de que se ha trabajado como debe ser”. Según dijo, el Ministerio de Justicia se encargará de este tema.
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Por su parte, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, enfatizó que si bien Polay Campos puede presentar un reclamo de este tipo ante los organismos internacionales, recordó que este cabecilla terrorista “no respetó los derechos de miles de personas”.
“Nosotros, como Gobierno que respeta el Estado de derecho, creemos firmemente en que toda condición de las personas, aún quienes están privadas de su libertad, se tiene que respetar (...) hay que ver que otras personas que hoy reclaman algunos derechos que supuestamente no se están cumpliendo, son aquellas que se olvidaron de cientos de miles de personas que perdieron su vida a partir de unas equivocadas ideologías. Hay que mirarlo desde esa perspectiva”, indicó a RPP, tras precisar que el Ejecutivo respeta los derechos humanos de todas las personas.
Demartini remarcó que el Consejo de Ministros aún no discutido formalmente la postura que tendrán frente a esta demanda, pero precisó que están atentos a la situación.
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