:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/EQAPDZ6S7NCEHIMVVTBS4FYBXM.jpg)
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en el Perú y consideró que su plena vigencia “está en peligro”.
En un pronunciamiento, recordó que en los últimos años, diversos periodistas vienen sufriendo la criminalización de su labor y los operadores de justicia no están garantizando un debido proceso, “lo que constituye un grave riesgo para el periodismo y la democracia”.
Fue al pronunciarse sobre la sentencia de dos años de prisión suspendida contra el periodista Christopher Acosta por la publicación del libro ‘Plata como cancha’ por el juez Raúl Jesús Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima.
La CNDDHH refirió que en los últimos años, hemos identificado el uso abusivo de la “difamación agravada”, argumentando una supuesta afectación del derecho al “honor”, y otras figuras penales, contra el periodismo de investigación, a través de largos procesos judiciales y “condenas injustas”.
Así, acotó que se observa el desconocimiento de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, como la doctrina del “reporte fiel”, según la cual, el periodista que se limita a difundir información de otras fuentes plenamente identificadas, no puede ser responsable por dichos contenidos, siempre que no agregue nada que distorsione la información difundida por la fuente.
La CNDDHH también mencionó los casos de los periodistas Daniel Yovera, Pedro Salinas y Paola Ugaz, denunciados por personajes vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana y por el arzobispo de Piura, José Eguren, por realizar investigaciones periodísticas sobre los abusos sexuales cometidos en el Sodalicio y sus millonarios negocios.
Recordó que a ello se suma la presentación de un proyecto de ley por el congresista Luna Gálvez (Podemos Perú) que propone sancionar con cárcel efectiva la difamación agravada.
“Ante lo sucedido, recordamos a los órganos de justicia del país que su labor es un servicio público a la ciudadanía y deben garantizar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, respetando la jurisprudencia en materia de derechos humanos y evitando el uso político del sistema de justicia para criminalizar el periodismo de investigación”, sentenció.
