
El Ministerio Público atraviesa actualmente una crisis institucional a raíz de la disputa por el poder que existe entre las fiscales supremas Delia Espinoza y Patricia Benavides, quien fue restituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como fiscal de la Nación.
Todo empezó el pasado lunes 16 cuando Benavides, junto a sus abogados y un grupo de policías vestidos de civil, acudieron a la sede del Ministerio Público con la finalidad de ejecutar lo dispuesto por la JNJ; sin embargo, no logró su cometido.
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En respuesta, Espinoza, quien es fiscal de la Nación en funciones, denunció que Benavides ingresó a la sede institucional “sin registrarse” y sin haber solicitado una reunión. Además, denunció que se está llevando a cabo “un golpe a la democracia” y que se pretende sacarla de su cargo “por la fuerza”.
Unos días después, la Junta de Fiscales Supremos ratificó su atribución exclusiva de elegir al fiscal de la Nación, por lo que hicieron caso omiso a la decisión de la JNJ. En tanto, desde dicho organismo insistieron en que la reposición de Benavides debe ser acatada.
Tras conocerse esta situación, en el Congreso presentaron denuncias constitucionales contra los integrantes de la JNJ, así como contra los fiscales supremos.
Desde el Ejecutivo exhortaron a ambas fiscales al diálogo para superar este impasse; sin embargo, el premier Eduardo Arana consideró que las instituciones “deben acatar todas las resoluciones”.
Precisamente, el último domingo se conoció que la Policía Nacional del Perú (PNP) reconoció a Benavides como fiscal de la Nación y ordenaron su custodia respectiva; es decir, le asignaron seguridad y resguardo policial. Horas después, dicha institución aclaró que nunca reconoció a dicha fiscal como titular del Ministerio Público, pero que le brindará protección.
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Ante este escenario, ¿cuál es la posible solución para acabar con la crisis que vive el Ministerio Público? Esto responden dos expertos consultados por este diario.

LA DESTITUCIÓN DE ESPINOZA Y LOS FISCALES COMO SALIDA A LA CRISIS
En diálogo con Gestión, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, indicó que la única salida que contempla para terminar con la crisis que vive la Fiscalía es la destitución de Espinoza y de los demás integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.
Esto, en caso la fiscal de la Nación persista en su postura de no reponer a Benavides en su cargo.
A juicio del constitucionalista, lo correcto hubiera sido que Espinoza, en primer lugar, acate la decisión de la JNJ y ya, posteriormente, tenía el camino libre para impugnar dicha resolución con los recursos legales que el sistema jurídico peruano contempla.
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“Es como una sentencia que tiene que ser acatada o una ley del Congreso que, por más discutible que sea, tiene que ser acatada sin perjuicio de presentar luego las demandas que la ley habilita. El problema actual de Espinoza es que entró a discutir aspectos legalistas en lugar de cumplir una resolución”, aseveró.
Álvarez añadió que la JNJ se encuentra habilitada para destituir, a través de un debido proceso, a Espinoza y los demás fiscales supremos. Tras ello, el organismo que preside Gino Ríos deberá convocar a un concurso público para designar a los nuevos miembros de la Junta de Fiscales Supremos.
Respecto a las acciones que podría llevar adelante el Parlamento, el abogado recordó que dicha institución también puede acusar constitucionalmente a los fiscales supremos e inhabilitarlos por desacatar una orden de la JNJ.
“Todo ese trámite podría demorar entre 2 a 3 meses, sin perjuicio de que los fiscales supremos se defiendan en sede judicial, y ahí se alarga el proceso, pero al final decidirá el TC. En consecuencia, en un año podrían haber nuevos fiscales supremos”, estimó.

“HAY QUE INSISTIR POR UNA SOLUCIÓN PACÍFICA”
Por su parte, el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, coincidió con Álvarez en el sentido de que Espinoza cometió un error al no acatar la resolución de la JNJ, pese a que esta haya considerado que su contenido era erróneo.
“La Constitución dice que todos, empezando por el presidente, están obligados a cumplir las resoluciones que emanan de órganos jurisdiccionales. Entonces, no puede ser que el garante de legalidad, uno de los que concurren en la preservación de la seguridad jurídica, se niegue a cumplir la resolución porque aduce que esa resolución en la forma y contenido está mal”, cuestionó.
Sin embargo, se mostró en contra de que Espinoza y los demás fiscales supremos sea destituidos por la JNJ o inhabilitados en el Congreso, al considerar que sería como “echar gasolina a una hoguera”. “Eso sería politizar más todavía el enfrentamiento”, dijo a Gestión.
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“Si me preguntas si la solución pasa por destituirlos, creo que eso sería agravar la situación. Hay que insistir por una solución pacífica, institucional y que ponga por delante el interés general”, manifestó.
Gutiérrez insistió en la necesidad de que ambas fiscales depongan sus intereses personales y se sienten a discutir en una mesa de diálogo. En ese sentido, exhortó a la presidenta Dina Boluarte que convoque a una sesión de la Comisión de Reforma de Justicia, que debería reunirse una vez por mes.
“La presidenta en lugar de estar pensando en viajar, debería convocar a todos los integrantes de la comisión y decirles que no se entrometerá en este asunto, pero que generará este espacio de diálogo para que se solucione esta problemática. Ojalá las dos fiscales se sentaran a conversar”, acotó.
Otra opción, según dijo, es que la JNJ retroceda en un extremo de su resolución, al calificar de error evidente el hecho de que quieran colocar a Benavides como fiscal de la Nación, cuando esa atribución le corresponde a la Junta de Fiscales Supremos.
“Podrían corregir de oficio ese error y Benavides asumiría como fiscal suprema. Se pondría fin al conflicto”, agregó.

¿SE JUSTIFICA UNA REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO?
La crisis que vive el Ministerio Público no pasó desapercibido en el Congreso. Ante este contexto, la bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para declarar la reorganización de dicha institución.
La iniciativa en mención, de autoría de Américo Gonza, busca declarar en emergencia la Fiscalía por un plazo de 6 meses y destituir a todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.
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Con esta iniciativa, ya suman seis los proyectos de ley en el Parlamento que buscan reformar el Ministerio Público, varios de ellos impulsados por congresistas que enfrentan investigaciones fiscales o denuncias constitucionales.
Para Álvarez, este escenario sería “terrible” para la Fiscalía; sin embargo, consideró que una medida de este tipo se justifica en estos momentos por todo lo que estamos viendo.
“En realidad, la Fiscalía no ha sido eficaz en combatir el delito. En los últimos años el delito se ha incrementado, la delincuencia ha aumentado, las investigaciones de los fiscales en un 95% de los casos no han tenido sentencias condenatorias; es más, una mayoría abrumadora de pesquisas no llegan a convertirse en un proceso judicial; o sea, es un fracaso”, dijo, tras precisar que contempla viable y necesaria una reforma en la institución.
Gutiérrez se opuso a que el actual Congreso impulse la reorganización del Ministerio Público, al recordar que es una institución eminentemente política y sus integrantes vienen siendo investigados.
“Si me preguntas si es necesario reformar el Ministerio Público, por supuesto. Hace rato que esta institución adolece una serie crisis, pero no debe hacerlo este Congreso, porque ya está de salida y cuenta con un respaldo mínimo, el más bajo de toda la historia. Además, no cuenta con personalidades con capacidades técnicas”, apuntó.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.