El ministro de Justicia, Félix Chero, se pronunció respecto a la cuestión de confianza que presentó el jefe del gabinete, Aníbal Torres, el último jueves 17 de noviembre frente al pleno del Congreso, con el objetivo de que se derogue la Ley N° 31399, la cual limita las reformas constitucionales a través de un referéndum.
Chero Medina resaltó que si el Poder Legislativo rechaza esta pedido, automáticamente el gabinete de ministros se disolvería al entrar en una crisis total. No obstante, señaló que han realizado la solicitud “dentro del marco constitucional”.
“El gabinete, cuando se produce una crisis ministerial como consecuencia a un no otorgamiento de la cuestión de confianza, se desintegra para pasar a uno renovado; sin embargo, quiero dejar constancia de que todas las acciones del Ejecutivo están dentro del marco constitucional buscando el equilibrio de poderes y la gobernabilidad”, declaró para la prensa desde Lambayeque.
En la misma línea, el titular del Ministerio de Justicia aseguró que los parlamentarios que critican la cuestión de confianza, son los mismos que buscan destituir al presidente Pedro Castillo y censurar a los ministros.
“Nos quieren criticar porque hemos planteado una cuestión de confianza que es legítima y constitucional y nosotros siempre criticamos que constantemente piden vacancia para el presidente, censura a los ministros y no nos dejan avanzar. Sentémonos a conversar ante la venida de la OEA que ayudará a encontrar consensos”, aseveró.
Asimismo, manifestó que desde el Ejecutivo han buscado en repetidas ocasiones trabajan en conjunto con el Parlamento, por lo que invocó a los legisladores a tener una agenda consensuada por el país.
“Le hemos dicho al Congreso de la República que necesitamos agendar aquello que la población peruana requiera y lo podemos hacer juntos, eso es lo que les invocamos, en una agenda conjunta para el país y evitemos mayores confrontaciones”, expresó Félix Chero.
Dato de interés
La norma que busca derogar el Gobierno reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso.