El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aceptó un recurso presentado por el destituido juez supremo César Hinostroza, permitiéndole ejercer su autodefensa en la investigación que enfrenta por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.
De este modo, el juez Juan Carlos Checkley declaró fundada la tutela de derechos presentada por el exmagistrado, quien argumentaba que la fiscalía había vulnerado su derecho de defensa al no permitirle ejercer su autodefensa.
Según una resolución a la que El Comercio tuvo acceso y que fue revelada por el portal Infobae, dicho juzgado consideró que la prerrogativa de destituir a jueces y fiscales supremos puede ser aplicada tanto por el Poder Legislativo como por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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“En ese sentido, la destitución debe ser computada desde la fecha de la vigencia de la Resolución Legislativa, esto es, su publicación en el diario oficial El Peruano 06/10/2018″, indicó el juez Checkley.
También señaló que respaldar la postura del Ministerio Público implicaría que las destituciones, independientemente de la institución que las impusiera, se acumularían, lo que resultaría en plazos superiores a los cinco años estipulados por la ley.
“Se excedería de los plazos fijados normativamente; mismos que resultarían excesivos o desproporcionados, pues con cada una de las destituciones, el plazo excedería los cinco años, afectando tanto el derecho de defensa, (autodefensa) y el derecho al trabajo”, indicó.
Pide que revoquen prisión preventiva
Es importante señalar que César Hinostroza está prófugo desde octubre de 2018 y ha pedido que se modifique la medida de 36 meses de prisión preventiva impuesta en su contra por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
La Junta Nacional de Justicia me puede seguir destituyendo mañana, pasado o el próximo año. Pero lo que me extraña es que está vigente la resolución de destitución, señor, es inejecutable. Es como que aún no lo han matado y lo vuelven a matar”, anotó.
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Adicionalmente, Hinostroza Pariachi protestó de que no puede trabajar como abogado. “No trabajo desde el año 2018. El derecho que un abogado trabaje después de cinco años es un derecho constitucional que está en la sentencia del Tribunal Constitucional que se ha citado en palabras sencillas de un juez: ‘Descansas cinco años y luego vuelves a trabajar’. ¿Qué va a pasar si no me permiten defenderme o ejercer mi profesión?”, aseveró.
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