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La influencia de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, en las decisiones de Pedro Castillo como presidente de la República podrían ameritarle una investigación por la comisión de los presuntos delitos de usurpación de funciones, al ser en la práctica un asesor gubernamental, y el de peculado de uso, si su personal de seguridad son policías en actividad.
En la víspera, el congresista José Cueto (Renovación Popular) envió una solicitud de información al ministro del Interior, Juan Carrasco, por el presunto servicio de seguridad y resguardo que se le estaría brindando a Cerrón, el sentenciado por corrupción durante su gestión como gobernador regional de Junín.
El abogado penalista Carlos Caro señaló que, según el artículo 361 de Código Penal, si Cerrón Rojas hace las veces de asesor o consejero de Castillo Terrones, sin contar con un marco legal como un titulo o nombramiento oficial, escenario imposible por tener una condena, podría estar cometiendo el posible delito de usurpación de funciones.
“El señor Cerrón no puede tener interferencia en las decisiones de gobierno como el conformar un gabinete ministerial y ser una especie de asesor. La Constitución Política se lo prohíbe al tener una condena. El domingo lo hemos visto paseando por un hospital haciendo una especie de inspección como si fuera el ministro de Salud. Su influencia se demuestra en las declaraciones que él [Cerrón] ha dado a la prensa y a través de sus redes sociales”, consideró.
Opinó que dicho accionar amerita una investigación de la Fiscalía porque “hay mucho pan por rebanar como la declaración de testigos. Si se comprueba el delito de usurpación de funciones la pena máxima es de hasta siete años”, precisó.
Asimismo, afirmó que el sentenciado por corrupción ex gobernador de Junín también estaría incurriendo en el delito de peculado de uso, si se comprueba que su personal de seguridad son policías en funciones, caso similar al que sucedió con el ex operador montesinista Óscar López Meneses,
“Si se le ha asignado resguardo policial de manera irregular al señor Cerrón si tipificaría como delito de peculado de uso porque se estaría utilizando un recurso que tiene un costo y un valor para el Estado para un beneficio personal”, agregó.
Como se recuerda, el caso de Oscar López Meneses generó una crisis en el gobierno del ex mandatario Ollanta Humala por el resguardo irregular que recibió por parte de la Policía en su casa, ubicada en el distrito de Surco, entre los años 2012 y 2013. El último 22 de julio, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Lima condenó a cuatro años de prisión suspendida al ex asesor. Se le imputó el delito de peculado.
En esa línea, Luis Lamas Puccio, también abogado penalista, sostuvo que de comprobarse que la seguridad que acompaña en sus actividades a Cerrón son policías y que están en funciones, ameritaría ser acusado por el delito de peculado.
“Si el personal policial son personas contratadas en términos privados por el mismo Cerrón en sus días de franco creo que no habría problemas, pero si la escolta de cuatro o cinco posibles policías está de servicio y mostrando los emblemas oficiales o el uniforme de su institución, sería el delito de peculado y amerita una investigación”, aseveró.