La situación judicial de la presidenta Dina Boluarte quedó en manos del Congreso de la República del Perú. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional en su contra en el marco del caso Rolex.
La mandataria es acusada como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.
“Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido, en calidad de donación, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta de la República”, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.
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Además, se le cuestiona por la emisión de, al menos, siete Decretos Supremos y leyes en favor de varios gobiernos regionales, entre ellos, el de Ayacucho.
El documento en mención fue remitido al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, a fin de que se proceda con el trámite correspondiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Posteriormente, la jefa de Estado, luego que el Ministerio Público y la Diviac allanaran su casa y Palacio de Gobierno, reconoció que dos relojes Rolex que usó en actividades oficiales no eran de su propiedad, sino que fueron prestados. El verdadero dueño de los accesorios era Oscorima, quien en un inicio negó haberle regalado o prestado algún reloj a la mandataria.
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¿Qué va a pasar con los otros delitos?
Tras conocerse esta denuncia, la Fiscalía abrió una investigación preliminar en contra de Boluarte por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. Posteriormente se añadió el delito de cohecho pasivo impropio.
Respecto a los dos primeros delitos, el abogado penalista Carlos Caro explicó a Gestión que con la presentación de esta denuncia constitucional quedarían archivados y solo quedaría el planteado en dicho documento.
“Cuando existe una denuncia al inicio solo es preliminar. Entonces, las hipótesis son preliminares y todas las imputaciones se perfilan al final de la etapa. Los otros cargos se van a archivar”, acotó.
El abogado añadió que Villena ya concluyó la investigación en la etapa preliminar y que necesita la autorización del Parlamento para formalizar la pesquisa a una fase preparatoria.
En ese sentido, indicó que la ampliación del caso Rolex por ocho meses más también quedarían sin efecto al haber concluido la indagación en esta etapa preliminar.
Sin embargo, recalcó que la investigación podría continuar en el caso de Oscorima, quien no es un funcionario aforado.
Por su parte, el abogado constitucionalista Natale Amprimo recordó en Canal N que Boluarte no puede ser acusada en funciones, por lo que recalcó que la denuncia constitucional presentada por Villena quedará en el Parlamento hasta que la mandataria deje el cargo; es decir, en el año 2026.
“La denuncia sí va a continuar en el Congreso, lo que no habrá es la acusación”, sostuvo a Canal N.
Para el experto, la única salida política válida es tramitar una vacancia por incapacidad moral; sin embargo, recientemente el Parlamento no admitió a trámite tres mociones que buscaban retirar la jefa de Estado del cargo por varios temas, entre ellos, el caso Rolex.
“Constitucionalmente, el camino es ese”, acotó.
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