La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el próximo martes 25 si anula o no la investigación iniciada contra el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en el marco del caso Rolex.
Según informó RPP el último sábado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará ese día, desde las 9:00 a.m., el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Oscorima. Tras escuchar los argumentos de los demandantes y de los representantes de la Fiscalía Suprema y de Procuraduría, el tribunal que preside el juez supremo César San Martín dejará al voto la decisión, que será emitida en los siguientes días.
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El gobernador busca revocar la resolución emitida por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien declaró improcedente un recurso de tutela de derechos que presentó para anular la disposición emitida por la Fiscalía de la Nación el pasado 17 de mayo del 2024.
En aquella oportunidad, el despacho de Delia Espinoza ordenó desacumular los hechos atribuidos a dicha autoridad regional en la investigación que se le seguía junto a la presidenta Dina Boluarte por este caso y remitió este extremo a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que proceda conforme a sus atribuciones.
Oscorima es investigado en el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho activo genérico a raíz de la entrega de relojes Rolex y joyas de gran valor a Boluarte, en medio de un incremento del presupuesto asignado a su región desde que la mandataria llegó al poder.
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Los argumentos de la defensa de Oscorima
En su demanda, la defensa de Oscorima pidió que se revoque la decisión de la Fiscalía de desacumular la investigación contra el gobernador al presentar defectos de motivación, así como se habría inobservado el derecho a la legalidad procesal penal y al plazo razonable, entre otros argumentos.
Indicaron que el argumento del Ministerio Público solamente está dirigido a fiscales distintos al fiscal de la Nación para procesos comunes, por lo que consideraron que, con esta decisión, es factible dejar en la indefensión a la mandataria ya que se atenta contra el principio de unidad de la investigación.
Sin embargo, el juez Checkley determinó en su resolución que, en el presente caso, hay una funcionaria que tiene la condición de “aforada” en referencia a Boluarte, cuya investigación preliminar ya concluyó y se encuentra en etapa de acusación constitucional en el Congreso.
El magistrado remarcó que la propia regla procesal dispone que, si el Parlamento emite resolución acusatoria, las causas deberán acumularse y serán tramitadas, según las reglas especiales previstas en el Código Procesal Penal.
“Como es de verse, la materia tratada no se vincula con una vulneración de los derechos que posibilitan una tutela de derechos, por lo que debe desestimarse por improcedente”, indicó el magistrado en aquella oportunidad.
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