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El juez Manuel Chuyo aceptó el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra los sobrinos del presidente Pedro Castillo, el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros investigados, en el marco del Caso Puente Tarata III.
El Ministerio Público, a cargo de la fiscal Karla Zecenarro Monge, investiga a todos ellos por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal.
En última sesión, Fray Vásquez Castillo, quien se encuentra siendo buscado por las autoridades tras dictarse orden de detención, hizo uso de la palabra para negar las imputaciones en su contra.
Vásquez Castillo negó que haya recibido beneficios. Dijo que fue a Palacio, pero a la residencia y que no conoce a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“Mi visita [a Palacio de Gobierno] fue solo para temas familiares, mi visita y la de mi primo Gian Marco [Castillo] ha sido a la residencia, ese es el hogar del presidente, el hecho de coincidir con otra persona no es una prueba justa para que me involucren, agradezco la oportunidad que me dan para hablar, le pido al juez que sea consciente y justo, que decida en base a la verdad y no en base a dichos, acá se viene mediatizando el tema, no se puede dejar influenciar por el periodismo”, dijo.
Por su parte, Bruno Pacheco, sobre quien también pesa una orden de prisión preliminar aprobada por el Poder Judicial, intentó participar en la audiencia, pero no pudo hacerlo por problemas técnicos.
El domingo, en Punto Final, Bruno Pacheco afirmó desde la clandestinidad que recibe propuestas ilegales y presiones para declarar ante la fiscalía sobre el caso.
“No solamente recibo amenazas, también recibo ofertas. Hay personas que se acercan de repente a querer obligarme a hacer declaraciones”, expresó al programa.
La prisión preventiva también alcanza, además de Bruno Pacheco, a Víctor Valdivia Malpartida, exdirector de Provías Descentralizado; el funcionario de esta entidad Edgar Vargas Mas; los empresarios Zamir Villaverde García y Luis Carlos Pasapera Adrianzén; y los investigados Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
Al final de la audiencia, los abogados de los siete investigados anunciaron que apelarán la medida. Los hechos se refieren a presuntos actos de corrupción para favorecer al Consorcio Puente Tarata III en una licitación para la construcción de un puente sobre el río Hualla (región San Martín), pese a que no cumplía con requisitos establecidos en las bases.
Cabe indicar que Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), adjudicó la obra a dicha compañía el 22 de octubre del 2021.
