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En febrero de este año, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló en una conferencia de prensa que su administración denunció en Estados Unidos al fondo canadiense Brookfield Asset Management, accionista mayoritario de la concesión Rutas de Lima, la cual administra los peajes de la Panamericana Norte y Sur en Lima.
Boies Schiller Flexner, estudio jurídico encargado de defender los intereses de la Municipalidad de Lima ante la justicia norteamericana, entre sus argumentos ha puesto sobre la mesa el posible conocimiento que tenía la empresa Brookfield - al momento de adquirirles el 57% de las acciones de Rutas de Lima, allá por 2016 - de los acuerdos ilícitos que Odebrecht habría tenido en nuestro país.
Cabe destacar que esta premisa ya fue expuesta en un arbitraje internacional, precisamente en 2022, donde se resolvió que “a la luz de las pruebas presentadas por las partes, el tribunal determina que, cuando Brookfield adquirió su participación en Rutas de Lima el 30 de junio de 2016, las investigaciones y el resultado del caso Lava Jato en Brasil ya eran de conocimiento público. Sin embargo, no hay pruebas que demuestren que en esa misma fecha era de público conocimiento que las investigaciones en Brasil tuvieron ramificaciones en el Perú y, en particular, en lo que respecta a Rutas de Lima”.
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No obstante, pese a lo señalado líneas arriba, la Municipalidad de Lima (MML) elabora una nueva estrategia y busca exponer las transacciones realizadas para la compra de acciones de Brookfield a Odebrecht en Rutas de Lima; esperando que estos argumentos sirvan en un proceso penal o civil y pueda revertir el contrato de concesión para los peajes.
La Fiscalía, por su parte, baraja la hipótesis que Odebrecht continúa manejando los peajes en territorio peruano, mediante este fondo canadiense.
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Sobre este último punto, la empresa Brookfield Infraestructure Group S.A.C (filial de Brookfield en Perú) ha solicitado al Poder Judicial que ordene al Ministerio Público, específicamente al despacho del fiscal José Domingo Pérez, concluir la investigación preliminar que se le inició por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Gestión tuvo acceso a los documentos argumentativos de la Municipalidad de Lima en una corte de los Estados Unidos, donde se detalla en concreto cuál habría sido el papel de este fondo canadiense en la compra de acciones a Odebrecht. Esto podría ser una operación calculada y concertada, dice la fuente, para que la empresa brasileña siga dirigiendo los peajes de Rutas de Lima. Esto, claramente, como una hipótesis.
No solamente se ha solicitado información de Brookfield, sino también de los estudios de abogados y de los bancos que estuvieron involucrados en la transacción. Entre ellos Citibank y Scotiabank.
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Corte de New York
En Estados Unidos el proceso sigue su curso. El estudio jurídico Boies Schiller Flexner ha presentado un documento ante la Corte Federal del Distrito Sur de New York para solicitar información tributaria, transacciones y documentos de la empresa Brookfield que servirán para la investigación legal.
La solicitud ha sido aceptada y se ha otorgado un plazo de 30 días para la entrega de dicha información. Esta diligencia solo podría paralizarse si el fondo canadiense presentase algún recurso legal dentro del plazo correspondiente para evitar la diligencia. Una medida cautelar podría frenar la proporción de documentos.
“Lo que estamos pidiendo en Nueva York es una gama de información muy amplia, transacciones financieras, reportes de diligencia debida, comunicaciones internas que identifiquen los testigos que trabajaron dentro de la empresa y en otras empresas asociadas que hicieron la diligencia para que estén sujetos a testimonio bajo juramento. Y básicamente es establecer qué es lo que sabía Brookfield cuando estaba comprando”, señala Martín de Luca, abogado de la Municipalidad de Lima en Nueva York, mediante Wilber Medina, abogado de la MML en Perú.
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¿Qué busca la MML?
En el escenario que no se interponga ninguna medida cautelar, y la Municipalidad de Lima reciba la información solicitada de Brookfield, ¿qué podría ocurrir?
Andy Carrión, abogado penalista, explica que lo que estaría buscando la Municipalidad de Lima es demostrar que Brookfield compró las acciones de Odebrecht en Rutas de Lima, conociendo la empresa estaba involucrada en actos de corrupción. Con esto, la justicia ordinaria podría dictar alguna medida en contra de la concesionaria, más no anular un contrato. “Esto tiene que ver mucho con la estrategia que se ha venido planteando ya desde hace algunos meses la Municipalidad. La principal de ellas es demostrar de que cuando Brookfield compró esta empresa en Perú, a través de los brasileños, tenían conocimiento de que la empresa estaba involucrada en actos de corrupción. Y el hecho de estar involucrada la empresa en actos de corrupción implica, naturalmente, que uno no solamente asuma los activos, es decir, el beneficio económico que le brinda comprar una empresa, sino además también los pasivos”, aseguró Carrión. “En Estados Unidos lo que se busca es de que Brookfield responda ante las autoridades norteamericanas por haber comprado y disfrutar los activos y también los pasivos de esta empresa peruana”, agrega.
En ese sentido, lo maximo que podría conseguir la comuna limeña es quitarle, por orden de un juez, la administración de los peajes a la concesionaria y otorgarle la administración a Emape.
La defensa de la comuna limeña en Nueva York afirma que “sí, lo que va a hacer este pedido es sumar pruebas a diversos procedimientos que hay en curso en Perú”.
“Lo que haga la Municipalidad de Lima con esa información pueden ser dos caminos. Camino penal si es que ha identificado que hay, digamos, vicios de delito o puede ser un camino civil si es que ellos consideran que hay alguna afectación económica en la concesión finalmente de Rutas de Lima”, dijo a Gestión el especialista en arbitraje y construcción, Carlos Tapia, socio en STC Abogados.
En ese sentido, Tapia explicó que el principal objetivo de la MML es poder revertir el contrato de concesión (de los peajes con Rutas de Lima), porque el argumento de la actual administración de Rafael López Aliaga “es que esto ha nacido producto de un acto de corrupción de Odebrecht por las anteriores administraciones”.
“Está yendo aguas arriba, ya no en contra de la empresa Rutas de Lima directamente, sino a través de Brookfield. Es uno de los accionistas de Rutas para imputarle alguna responsabilidad ya sea civil o penal por haber comprado un activo que tenía halos de corrupción”, añadió el abogado especialista.
Por tanto, si se identifica alguna responsabilidad penal, la información serviría para alimentar un proceso a través de la Fiscalía, ya sea en contra de Rutas de Lima o Brookfield. Y por otro lado, de hallarse responsabilidad civil, la MML podría iniciar nuevamente un arbitraje internacional con la meta de poder generar la inmunidad del contrato de concesión.
“Creo yo que en el escenario segundo, en el escenario del civil y por arbitraje internacional, podría la Municipalidad llegar al mismo resultado de los últimos arbitrajes que ha perdido”, sentenció Tapia.
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