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La investigación liderada por fiscal Richard Rojas Gómez por el delito de lavado de activos vinculada a la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’ en la que están involucrados dirigentes de Perú Libre, agrupación que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, podría ampliarse al delito de financiamiento ilícito de partidos políticos, señaló el abogado penalista Carlos Caro.
“Se podría ampliar tranquilamente porque según la hipótesis de la Fiscalía de Lavado de Activos esta presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro” tiene dos motivaciones: uno era financiar las campañas electorales y, el segundo, pagar el proceso judicial de Vladimir Cerrón. Entonces, viendo la primera motivación, el dinero iba al partido. El fiscal Rojas podría poner como delito accesorio que es el de financiamiento ilegal, que tipifica como delito desde el 2019″, indicó.
Caro resaltó que “los delitos de lavado de activos y financiamiento ilegal de partidos convergen con la hipótesis del Ministerio Público”, que sostiene además que el delito previo para recaudar dinero de la presunta organización criminal es el tráfico de licencias de conducir y el cobro de cupos en el gobierno regional de Junín con el objetivo de respaldar económicamente las campañas electorales de Perú Libre en las elecciones complementarias al Congreso del 2020 y las elecciones presidenciales del 2021.
Hasta 20 años de cárcel
El letrado afirmó que Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín y sentenciado por corrupción, Guido Bellido, primer ministro y congresista, y el Waldemar Cerrón, parlamentario y hermano del líder de Perú Libre, investigados por lavado de activos, podrían recibir una pena de 20 años de cárcel si se suma el delito de financiamiento ilícito de partidos.
“Según la ley de financiamiento ilícito de partidos, la pena puede bordear hasta los ocho años sumada a la de lavado de activos que son doce años. Entonces, estaríamos hablando de una pena no menor de 20 años a todos los participantes de esta presunta organización criminal”, explicó.
Asimismo, Caro sostuvo que la Fiscalía puede solicitar información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre los gastos de campaña de Perú Libre para establecer si hubo irregularidades en sus cuentas.
“En el caso de Fuerza Popular y del Partido Nacionalista, la ONPE jugó en pared para establecer que los gastos de campaña no coincidían con lo declarado. La Ley de Financiación Ilegal de partidos no alcanza a los dos partidos anteriores porque recién se establece como delito en agosto del 2019”, enfatizó.
