La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), encabezada por Lady Camones Soriano (APP), aprobó hoy, con mayoría de votos, la admisión a trámite de la Denuncia Constitucional 050 (anteriormente 385) dirigida contra el exministro del Interior, Carlos Morán Soto. La denuncia se centra en los supuestos delitos de falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad.
La denuncia fue presentada por el Gral. (r) Víctor Pérez Arteaga por considerar que existieron diversas irregularidades en el proceso de ascensos en el alto mando de la Policía Nacional del Perú, y por lo cual responsabilizó al exministro.
El informe de calificación determinó que la denuncia “cumple con los requisitos formales y los criterios de procebilidad”, y propone admitirla por los delitos de falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad, e improcedente en el extremo que se refiere al delito de fraude procesal.
Fue aprobado por mayoría: 22 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención.
Improcedencia
Inmediatamente, los miembros de la SAC aprobaron el informe de calificación que declara improcedente la Denuncia Constitucional 218 contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín, y el exministro de Salud, Hernando Cevallos Flores, por la presunta infracción de diversos artículos constitucionales y por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y genocidio.
Fue aprobado por mayoría: 19 votos a favor, 3 votos en contra 2 abstenciones.
La denuncia no fue admitida porque, a pesar de cumplir con algunos requisitos formales, la denunciante: Susana Silva Morales, no presentó copia de su documento de identidad, ni poder alguno de la representación de la Federación Asháninka Bajo Urubamba –FABU, con la cual se presentó.
Audiencia
En el inicio de esta décimo primera sesión extraordinaria, desarrollada en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, se llevó a cabo la continuación de la audiencia pública de la Denuncia Constitucional 362, seguida contra la congresista Katy Ugarte Mamani (UyDP).
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La audiencia se efectuó en forma pública, por expreso pedido de la parlamentaria, quien estuvo acompañada de su abogada, la letrada Karen Moreno Vinces.
Cabe señalar que, el grupo de trabajo analiza, en este caso, el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, y por la presunta infracción de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú.
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