Seis partidos políticos elaboraron y suscribieron un documento que plasma el acuerdo multipartidario alcanzado sobre el problema nacional del servicio público de agua y saneamiento. La situación es crítica, con millones de peruanos sin acceso a agua apta para el consumo o sin un suministro continuo de 24 horas al día.
Tras tres meses de trabajo el documento elaborado por PPC, Fuerza Moderna, APRA, Avanza País, Acción Popular y Unidad y Paz con la coordinación del Instituto Infraestructura Institucionalidad y Gestión - IIG fue presentado en el local de la Cámara de Comercio de Lima
¿Qué propone el documento Política de Estado a Largo Plazo de Agua y Saneamiento? Un compromiso colectivo que garantice el acceso a servicios básicos de calidad con cobertura en todo el país.
“El problema no es la falta de dinero, sino la incapacidad para gastar eficientemente y lograr los resultados esperados. Agua tampoco falta ya que Perú es el octavo país con más recursos hídricos en el planeta. El problema es que solo 2.5% del agua disponible está en la Costa donde habita 67% de la población”, se señala en el documento.
“Lo que nos falta es una política de Estado de largo plazo, con una gobernanza meritocrática blindada contra la injerencia política que perdure aunque cambien las autoridades y los gobiernos”, subraya.
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Diagnóstico de las carencias de agua y saneamiento
En el estudio se destaca la atomización y falta de gestión en los prestadores de servicio. “En el país, 50 empresas (49 EPS empresas prestadoras de servicios de saneamiento y Sedapal) y municipalidades provinciales están a cargo de brindar servicios de agua y saneamiento, operando de manera dispersa y sin capacidad de gestión adecuada, lo que impide economías y eficiencias de escala”, apunta.
“Los problemas de gestión son estructurales, derivan de la injerencia política. El Estado no ha sido capaz de solucionarlos durante décadas y la precariedad subsiste. Las empresas prestadoras en su ámbito interno carecen de fortaleza institucional, liderazgo y personal calificado”, añade.
Además, observa que en el ámbito rural las Juntas de Usuarios no cuentan con políticas de priorización del uso eficiente y monitoreo del agua.
La falta de planificación urbana ha llevado a que más del 90% de la expansión urbana en las últimas dos décadas sea informal, elevando el costo de las conexiones domiciliarias y haciendo que la selección de proyectos de inversión pública sea arbitraria. Llegar a tener agua y saneamiento en zonas informales puede demorar 14 años.
Sostiene que a pesar de una inversión de S/ 23,881 millones entre 2019 y 2024, que equivale al 69% de la brecha de agua y saneamiento del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad PNIC 2019-2024 de S/34,838 millones, la brecha ha aumentado, y los indicadores de servicio han decaído (ver nota 1 al final). La alta incidencia de agua no facturada (32% en Sedapal y 41% en las demás EPS) también afecta los resultados y les resta viabilidad.
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Propuesta de reformas y política de largo plazo
Terminar con la atomización del servicio: Integrando a a las EPS y las municipalidades provinciales en operadores regionales, o macrorregionales en caso de regiones pequeñas, de forma progresiva. Se propone en la región Lima que Sedapal se haga cargo de Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias, absorbiendo otras EPS.
Establecer una gobernanza eficaz blindada de la injerencia política: Seleccionar directores de cada EPS regional meritocráticamente por períodos de 5 años, evaluando su gestión y premiando o reemplazando según resultados.
Establecer tarifas adecuadas y asequibles: Brindar servicios 24x7 con calidad exigible y tarifas que cubran al menos los costos de operación y mantenimiento, contribuyendo a inversiones. Abandonar el populismo tarifario.
Introducir gestión privada: Promover la participación privada en la producción de agua potable (APP); concesionar la operación y mantenimiento de redes y servicios mediante contratos de gerencia por resultados; y concesionar la construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (APP).
Mejorar la inversión y gestión de proyectos: Asegurar que las inversiones sean parte de planes para el cierre de brechas con seguimiento de resultados, solucionando las ineficiencias desde la selección hasta la operación de los proyectos.
Entre los años 2019 y 2023 en el ámbito urbano a nivel nacional, el acceso a agua por red pública retrocedió de 89.9% a 88.6%. (Foto: Pixabay)
Impulsar financiamiento estratégico realista: El Estado debe financiar inversiones mayores en captación, tratamiento y nuevas redes, dejando atrás la fijación de tarifas políticas y subsidios ineficientes.
Promover el crecimiento planificado de las ciudades: Fomentar programas de viviendas de interés social formales con servicios, acompañados de proyectos de inversión que respondan a planes directores sin injerencia política (ver nota 2 al final). Se busca erradicar las invasiones y el tráfico de terrenos.
Expandir la cobertura de saneamiento con plantas de tratamiento de aguas residuales, acompañadas de descontaminación y encauzamiento de ríos.
Datos:
- Entre los años 2019 y 2023 en el ámbito urbano a nivel nacional, el acceso a agua por red pública retrocedió de 89.9% a 88.6%.
- El acceso a saneamiento por red pública retrocedió de 79.8% a 79.3%.
- El consumo de agua con nivel adecuado de cloro se redujo de 46.4% a 40.3%; y la continuidad del servicio se redujo de 18.48 horas/día a 18.42 horas/día.
- En Lima habitan 1 millón de personas sin agua, que ocupan 200,000 viviendas. COFOPRI debería censar a las familias instaladas en zonas de riesgo no mitigable o en zonas elevadas.
- Existen paños de miles de hectáreas de terrenos disponibles y aptos para su habilitación urbana al norte de Ancón y al sur de Lurín, donde se puede planificar la construcción de grandes programas de vivienda de interés social con servicios de agua potable y saneamiento y las demás facilidades propias de un proceso de urbanización ordenado.
- Considerando que una conexión de agua en zonas elevadas de Lima demora 14 años para ser instalada y cuesta S/.140,000 como máximo, tendría sentido económico que el MVCS destine recursos del Fondo Mi Vivienda o del Fondo Techo Propio con bonos adecuados por familia que se mude voluntariamente a esas nuevas urbanizaciones populares en los siguientes 5 años.
- Estos programas de vivienda con “casas casi gratis” serían una gran herramienta para terminar progresivamente con el patrón prevaleciente de tráfico de terrenos y crecimiento por invasiones, indica la propuesta.
