Gabriel O'Hara

El viernes 11 se aprobó el Decreto de Urgencia 003-2019, el cual otorga una prorroga a la exoneración del IGV para la importación y venta de libros, así como otorga la facultad a las editoriales con ingresos netos anuales menores a 150 UIT de ser reintegrados el IGV. Al respecto, abogados tributaristas y la Cámara Peruana del Libro opinan que se ha llegado a la mejor solución posible.

De acuerdo a José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro, la medida tomada por el ejecutivo ha traído estabilidad al sector editorial. “Ante la situación de excepción política en la que estamos tenemos que recalcar lo positivo”, señala. Afirma que “se ha eliminado la inseguridad que había en el sector, sobre todo en el brazo comercial. No se sabía si se iban a tener que subir precios, y esto también iba a afectar a los consumidores”.

Además, agrega que es muy positivo que, “luego de décadas, la Biblioteca Nacional tiene fondos para comprar libros”, aludiendo a los 16 millones de soles que serán asignados por el Estado para la creación, adquisición e investigación del sector editorial, entre otros fines.

Por su parte, Vanessa Watanabe, socia del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, señala que el actuar del ejecutivo ha “utilizado adecuadamente las facultades extraordinarias que se le han conferido”. Señala que, pese a que solamente se ha prorrogado la exoneración por un año y que se han dejado aspectos de la ley del libro de lado, esto se ha hecho con la idea que “el próximo año un nuevo congreso sea quien discuta acerca de la prorroga o de los temas más de fondo”.

Fallas del Decreto

De acuerdo a Camilo Maruy, socio del estudio Rebaza, el decreto no se habría pronunciado sobre el “crédito tributario por reinversión de utilidades”, un beneficio otorgado mediante la Ley del Libro original. Asimismo, señala que el limite máximo de ingresos para el reintegro del IGV, si bien ayuda a las MYPES, “está excluyendo a las grandes empresas”. Asimismo, indica que solo se habría extendido el plazo del beneficio por 1 año, y no 3 o 10, como se había planteado inicialmente.

Alvariño opina que, pese a que no está de acuerdo con el tope de ingresos netos que solo favorece a las MYPES o la eliminación de la exoneración por reinversión, está seguro que “ni bien se instale el nuevo congreso se tocaran estos temas”. Además, señala que “ya se alargaran los plazos para generar más seguridad, permitiendo invertir más en el sector”.