Tras conocerse que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió abrir un proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y otros cuatro magistrados, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) decidió tomar cartas en el asunto.
A través de un comunicado publicado el último miércoles, informaron que el Consejo de Ética de su institución inició un proceso deontológico disciplinario, por falta muy grave, contra los integrantes de dicha institución.
Estos son: Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Francisco Távara, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Rafael Ruiz.
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Para el CAL, estos siete magistrados iniciaron un proceso disciplinario contra Tello “sin prueba evidente, lo que configuraría una grave afectación a la independencia judicial”.
“Esta decisión de la JNJ podría tener connotaciones políticas, con la aparente finalidad de destituir a la presidenta del Poder Judicial debido a sus declaraciones, en las que señala que ambos poderes del Estado, en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia, estarían favoreciendo la impunidad de quienes han cometido delitos graves”, advirtió el CAL.
En el texto se recuerda que la JNJ argumentó que el proceso iniciado contra Tello y los demás jueces se debe a un supuesto error al resolver la casación Nº 40525-2023-LIMA, en su calidad de integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
“Se alega que (Tello y los demás jueces) habrían aplicado una norma derogada y que la resolución carece de motivación; sin embargo, una revisión detallada evidenciaría que no se aplicó ninguna norma derogada ni se incurrió en falta de motivación, desvirtuándose así la validez de las acusaciones”, añadieron.
Frente a ello, el CAL consideró que se estaría atentando contra la independencia judicial, la separación de poderes, debilitando el Estado de Derecho y la justicia.
“La denuncia contra Tello y los magistrados supremos Carlos Calderón, Omar Toledo, Ricardo Corrales y Liliana Dávila constituiría un claro abuso de poder por parte de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, advirtieron.
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Cuestionan declaración de Gino Ríos
En otro momento, el CAL cuestionó las declaraciones emitidas por el titular de la JNJ, Gino Ríos, quien habría manifestado su intención de evaluar que su institución revise las resoluciones judiciales.
“Esta declaración genera profunda preocupación, pues atenta contra la independencia judicial, dado que las decisiones jurisdiccionales son irrevisables, conforme lo establece el artículo 139, inciso 13, de la Constitución. La supervisión disciplinaria de la JNJ debe respetar los límites constitucionales, ya que los jueces no pueden ser sancionados por el contenido de sus decisiones, salvo en casos de inconducta funcional, como corrupción, parcialidad manifiesta o falta de motivación en sus resoluciones, entre otros”, precisaron.
El organismo también recordó que la resolución de casación interpuesta por el coronel PNP en retiro, Julio Cadenillas Díaz, quien presentó la denuncia contra Tello y los demás jueces, viene siendo impugnada mediante una acción de amparo.
“En este proceso, se ha emitido un pronunciamiento en primera instancia declarando su improcedencia, el cual ha sido apelado, por lo que se encuentra en trámite. En virtud del principio de última ratio, no puede iniciarse un proceso disciplinario hasta que el proceso de amparo haya concluido definitivamente, a fin de evitar resoluciones contradictorias. Además, nadie puede avocarse a procesos en trámite”, aseveraron.
Finalmente, señalaron que las normas deontológicas que habrían sido vulneradas por los miembros de la JNJ incluyen el artículo 56 del Código de Ética del Abogado, que establece los principios de integridad y probidad, responsabilidad ética y profesional, imparcialidad y transparencia, lucha contra la corrupción y compromiso con el Estado de Derecho, entre otros.
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