Un día después de que Patricia Benavides acudiera junto a sus abogados y un grupo de policías vestidos de civil a la sede del Ministerio Público con la finalidad de recuperar su cargo, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) alista una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la restituyó como fiscal de la Nación.
Así lo anunció el decano de dicha institución, Raúl Canelo, en una entrevista a radio Exitosa.
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“El Colegio de Abogados (de Lima) está denunciando todos estos hechos y, probablemente, el día de hoy se le informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que está aconteciendo. El Perú ha estado bajo la mira de organismos internacionales”, señaló esta mañana.
A su juicio, dicha resolución resultaría ser “totalmente ilegal”, ya que únicamente le permitiría a Benavides regresar a su cargo de fiscal suprema; no obstante, precisó que, para que ello ocurra, deberán de darse las condiciones presupuestarias necesarias.
“Es una resolución totalmente ilegal. Creo que ahí hay un graso error al establecer que (la JNJ) tiene facultades coercitivas para decirle a la fiscal de la Nación: ‘tú ya no eres fiscal de la Nación, te destituyo porque tiene que regresar la que a mi me interesa’. Así funciona el derecho”, cuestionó.
Canelo también recordó que la Junta de Fiscales Supremos es el único organismo que puede nombrar al fiscal de la Nación, por lo que recalcó que la JNJ no cuenta con esta facultad.
“Ahí hay un problema. Es un imposible en la medida que ya hay una persona (Delia Espinoza) designada legal y legítimamente. Esa nulidad no tendría porque afectar a terceros. (...) lo correcto sería que retorne al cargo de fiscal suprema. Es la Junta de Fiscales la que puede nombrar al fiscal de la Nación”, apuntó.
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“DECISIÓN DE LA JNJ ES INCONSTITUCIONAL”
A través de un comunicado, la Junta Directiva del CAL expresó su preocupación por toda esta situación.
“La decisión de la JNJ ha ocasionado una crisis institucional innecesaria en el seno del Ministerio Público, órgano constitucional encargado de promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”, indicaron.
Añadieron que el objetivo de dicha institución se ve mellado por la decisión de la JNJ al reponer en el cargo de fiscal de la Nación a una fiscal suprema restituida por ellos mismos, originando una duplicidad en la función constitucional encomendada.
“Para el CAL, la decisión de la JNJ es inconstitucional e, incluso, pasible de la comisión de los delitos de abuso de autoridad y de usurpación de funciones, al haberse arrogado la competencia de reponer en el cargo de fiscal de la Nación a la señora Patricia Benavides”, advirtieron.
Finalmente, el CAL exhortó a la Junta de Fiscales Supremos a defender su fuero constitucional, y a la JNJ a que cumpla con observar correctamente la Constitución y no obstaculizar la lucha contra la corrupción en órganos claves de la administración de Justicia.
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