El último domingo, el Gobierno oficializó la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de este año.
La decisión se ratificó a través del Decreto Supremo N.º 012-2025-EM, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.
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Al respecto, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) advirtió que esta medida favorece la expansión de la criminalidad vinculada a la minería informal.
A través de un comunicado, expresaron su preocupación por la ampliación del Reinfo, el cual lleva vigente 9 años con pocos resultados.
“Solo el 2.31 % de los inscritos culminaron el proceso de formalización. A pesar de ello, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha prorrogado dicho registro por 6 meses más”, cuestionaron.
El CAL recordó que el Tribunal Constitucional (TC), en una sentencia, realizó un análisis de fondo sobre el problema de la minería informal y concluyó que el Reinfo ha demostrado ser ineficaz en el proceso de formalización.
“No resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio, ni en ninguna política pública que regule dicha actividad”, indicaron.
Además, enfatizaron que los avances en la formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) han sido limitados.
“Esta situación representa un riesgo creciente: si no se actúa con decisión, se profundizarán los impactos negativos en sectores vulnerables, se reducirá la capacidad recaudatoria del Estado, se intensificarán los daños al medio ambiente y a la salud pública, se comprometerá la gobernabilidad en zonas críticas y se ampliará el espacio de acción de la minería ilegal”, alertaron.
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RECHAZAN LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDADES PENALES
En otro extremo del comunicado, el CAL insistió en la necesidad de que el Gobierno, el Congreso de la República y la sociedad civil puedan consensuar un marco normativo que viabilice el proceso de formalización de la minería a pequeña escala, sin que ello signifique exenciones de responsabilidades penales.
“Todo el sector minero (pequeño, mediano y grande) debe ser altamente fiscalizado, especialmente por el uso de mercurio, explosivos y armas. El primero, porque viene causando un daño irreparable a la salud, las aguas y las tierras de nuestro país; y los siguientes, porque llegan a manos de la criminalidad, incrementando la violencia en contra de la ciudadanía”, agregaron.
El organismo liderado por Raúl Canelo recordó el caso de la explosión en la sede del Ministerio Público de Trujillo, ocurrido el pasado 20 de enero. Dicho atentado puso en grave riesgo la vida e integridad de la Policía y funcionarios públicos.
“Desde el CAL creemos que parte de la solución frente a la criminalidad es brindar herramientas adecuadas de fiscalización en el uso de explosivos y en las plantas procesadoras de minerales, para coadyuvar a reducir el impacto negativo de la minería ilegal, la cual constituye el brazo financiero de bandas y organizaciones criminales”, remarcaron.
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