Si bien hoy en día la inseguridad ciudadana es el principal problema que atraviesa nuestro país, la corrupción sigue siendo una piedra en el zapato y las cifras de investigaciones abiertas contra funcionarios son una prueba de ello.
Esto, a pesar de los esfuerzos desde diversos sectores del Estado y el ámbito privado para dictar medidas y dar aportes con la finalidad de reducir los índices de percepción de la corrupción a nivel nacional.
De acuerdo con información del portal estadístico del Ministerio Público, al que Gestión accedió, entre los años 2021 y noviembre del 2024 se registraron 75,288 casos contra funcionarios. De esta cifra, 70,060 casos ya fueron atendidos.
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Solo el año pasado (de enero hasta noviembre), se registran 20,085 investigaciones, de las cuales 18,813 ya vienen siendo atendidas en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, cuya coordinación está a cargo del fiscal adjunto supremo Mirko Cano Gamero.
Si hacemos un análisis desde el año 2021 a noviembre del 2024, se advierte que la cifra de casos creció en 4,214. Cabe precisar que aún no se contabilizaron los casos registrados en diciembre pasado, por lo que podrían subir aún más.
Teniendo en cuenta todas estas cifras, la Fiscalía estima que el promedio de casos de corrupción de funcionarios que se atienden por año es de 19,222. En tanto, al mes la cifra es de 1,602 y al día es de 53.
A lo largo de estos cuatros años se identificaron cinco regiones y/o zonas del país con mayor cantidad de casos. Estas son: Lima Centro (14,201), Áncash (4,248), Ayacucho (3,524), Cusco (3,466) y Junín (3,217).
Sin embargo, otras cinco jurisdicciones y/o distritos fiscales son las que registran una mayor cantidad de casos atendidos. Estas son: Huancavelica (99.59%), Moquegua (98.75%), Callao (98.59%), Selva Central (98.05%) y Lima Noroeste (97.97%).
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Los funcionarios, las sentencias y la reparación civil
Solo el año pasado (entre enero y noviembre), las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios obtuvieron 1,156 sentencias condenatorias contra funcionarios.
En total, se registraron 1,929 funcionarios sentenciados a nivel nacional, siendo los gerentes públicos los que registran más condenas (159), seguidos de los policías (156) y alcaldes (84).
En la lista también destacan los docentes, los gobernadores regionales y los directores de hospitales del Estado, quienes también afrontan investigaciones por diversos delitos de corrupción.
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En total, se registra un monto de S/ 106′609,053 por concepto de reparación civil, mientras que la cifra del monto de los bienes incautados hasta setiembre pasado asciende a S/252,653.21.
Entre los casos emblemáticos con sentencias dictadas el año pasado destaca la impuesta al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, en el marco del caso ‘La Centralita’.
En marzo pasado, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional lo condenó a 19 años y 6 meses de prisión efectiva al ser hallado responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Otro de los casos resueltos involucra al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno. En diciembre pasado, el Poder Judicial ratificó en segunda instancia su condena de 5 años de prisión efectiva por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, en perjuicio del Estado.
De acuerdo con la tesis fiscal, Moreno se coludió con funcionarios de la Corporación Peruana de Aeropuertos (Corpac) y del Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A. (Finver) para favorecer a esta última entidad, logrando defraudar al Estado con S/ 21′308,110.80 durante el proceso de elaboración y ejecución del proyecto denominado “Construcción de la nueva sede del Callao”.
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¿Por qué se incrementaron las cifras y qué se podría hacer para revertir la tendencia?
En diálogo con este diario, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, explicó que uno de los factores que posibilitó el incremento de la cifra de funcionarios investigados por delitos de corrupción, sobre todo, de gerentes municipales, alcaldes y gobernadores, es la gran cantidad de recursos asignados a estas instituciones.
“La corrupción es un tema estructural que nos acompaña desde siempre y creo que lo que pudo haber pasado es que en estos últimos años, en los que hubo una mayor bonanza económica, se incrementó la tentación y la tendencia de utilizar recursos públicos por parte de estos funcionarios para fines propios”, consideró.
Añadió que a eso habría que sumarle el incremento del presupuesto público que se asigna a los diversos organismos del Estado y el proceso de descentralización, que ha recibido varias críticas debido a que no habría logrado los resultados esperados.
“Se ha trasladado muchos recursos del Estado hacia instancias subnacionales, pero sin un acompañamiento en términos de capacidades o de vigilancia, creo que eso también pudo haber influido. Eso lo vimos en la gran cantidad de casos de corrupción que están surgiendo a nivel subnacional, como es el caso de Áncash, pero no es el único”, apuntó.
Awapara también dijo que esta problemática tiene que ver con el debilitamiento de los partidos políticos, que no pudieron evitar y prevenir la llegada al poder de gente cuyo único interés en el corto plazo es adueñarse del dinero y los recursos del Estado.
“Un partido que aspira a competir en elecciones suele tener un poco más de control interno o disciplina y está muy expuesto al castigo del votante. Ante la ausencia de estructuras partidarias, y esto también se da a nivel subnacional con la presencia de movimientos regionales y de organizaciones políticas de alcance local, es más probable que surjan advenedizos cuyo único fin es llegar al poder para medrar”, cuestionó.
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En ese sentido, consideró que la reelección de alcaldes y gobernadores por un periodo más es más positiva que negativa, debido a que podría constituir un incentivo poderoso para que aquellas autoridades que quieran permanecer en el poder no cometan actos de corrupción.
Sin embargo, indicó que también hay algunas excepciones, como el caso del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien lleva varios periodos en el poder pese a que registra varias denuncias e investigaciones, como el caso Rolex.
En lo que respecta al incremento de las investigaciones contra otros funcionarios, como gerentes públicos, policías o directores de hospitales, el experto recordó que actualmente hay un problema estructural en diversas instituciones, como la Policía Nacional del Perú (PNP), Poder Judicial o Ministerio Público, que deberían ser reformadas.
“Ahí lo que tendría que haber es una profunda reforma del servicio civil. Creo que ahí hay una limitación muy fuerte de lo que fue Servir, por lo que requiere un espacio de mucha mejora. Hay que pensar en cómo reformar toda esa situación”, acotó.
Finalmente, Awapara consideró que a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le espera una tarea dura por delante, aunque dijo que se requiere una propuesta integral de cambio de manera colectiva, de todo el sistema.
“Desde Transparencia estamos proponiendo para este año y el siguiente un radar denominado ‘Tolerancia cero’. A través de la inteligencia artificial y recopilando bases de datos de antecedentes judiciales, penales, y otros, en el sistema se podrá corroborar la idoneidad de los candidatos que se presenten a las elecciones primarias, que se realizarán a fin de año. Será una herramienta útil para los partidos políticos”, sostuvo.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
