:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/K4GM5WHPFVFFFEHHD4JJ7ITMDU.jpg)
El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público y dictó 8 meses de impedimento de salida del país contra el ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y la empresaria Karelim López.
A ambos se les investiga por el presunto delito de tráfico de influencias, al presuntamente haber ejercido presión sobre los miembros del comité de licitación de una obra pública convocada por Provías Nacional en la región San Martín.
La buena pro para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres, fue otorgada al Consorcio Tarata III, aunque no cumplía el perfil requerido.
El Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de Karla Zecenarro Monge, consideró necesario solicitar esta medida para asegurar la investigación que lleva a cabo y que involucra a un exfuncionario de Palacio de Gobierno.
La tesis sustentada por el fiscal Marco Huamán, precisa que Pacheco Castillo está inmerso en otras investigaciones por presunta injerencia ilícita en ascensos militares, en contratos de Provías Nacional y por el hallazgo de US$ 20,000 “cuyo origen no ha sido justificado”.
Se trata de la segunda medida dictada contra Bruno Pacheco. El pasado 8 de diciembre el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria le dictó 8 meses de impedimento de salida del país en el marco de otra investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en la Sunat.
Incluso, el 1 de diciembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el exsecretario del presidente Pedro Castillo por enriquecimiento ilícito al evidenciar un presunto desbalance patrimonial.