La presidenta Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta. La semana pasada se conoció que usó un reloj de marca Rolex, valorizado en aproximadamente US$ 14,000, que no habría sido informado en su declaración jurada.
El portal de noticias ‘La Encerrona’ analizó un total de 10,000 fotografías y determinó que Boluarte tendría una colección de, al menos, 14 relojes de alta gama, entre ellos, un Rolex, desde que inició funciones como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) hasta que juró como presidenta.
Producto de ello, la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.
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Esta noticia encendió una alerta sobre los ingresos económicos de la jefa de Estado, que en su momento fueron analizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Dicho organismo, según informó el diario El Comercio, detectó movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la mandataria entre agosto del 2016 y agosto del 2022. Estas cuentas recibieron numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce.
Los depósitos en sus cuentas y la compra de un auto
Hasta el año pasado, Boluarte había declarado ingresos en bienes por S/462,968 soles (US$ 126,000 dólares) y otros ingresos, que no fueron especificados, por S/ 593, 347 (US$ 161,000), además de su salario mensual como presidenta de S/ 16,000 (US$ 4,300).
No obstante, el informe de la UIF, que data de noviembre del 2022, advierte que más de un millón de soles ingresó a 11 cuentas bancarias, cuatro de ellas mancomunadas.
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En total, los abonos en efectivo que recibió Boluarte en sus cuentas son por S/ 1′097,200 y US$ 2,200. Ambos montos suman S/ 1,1 millones.
En las mismas cuentas, personales y mancomunadas, la jefa de Estado recibió transferencias bancarias por S/274.848 en total. Estas tampoco tendrían una justificación económica que las respalde, señaló El Comercio.
“La información económica declarada por (Dina) Boluarte, entre el 2016 y el 2022, no sustentaría las operaciones detalladas”, se precisa en el documento. Se precisa que los titulares mancomunados de cuentas con Boluarte “no registran declaraciones juradas de ingresos”.
Para la UIF, las operaciones registradas por la presidenta “podrían estar ligadas al delito de lavado de activos”.
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En el informe se alerta que otra operación sospechosa que realizó Boluarte, en el año 2018, es la adquisición de la camioneta Honda CR-V, por un monto de US$25,990. Según el reporte, canceló el vehículo con un depósito en efectivo, “desconociéndose el origen de dichos fondos”.
Lavado de activos: una nueva línea de investigación
Al ser consultados por Gestión, los abogados penalistas Carlos Caro y Andy Carrión coincidieron en señalar que las conclusiones del informe de la UIF complican mucho más a la jefa de Estado
“Con esto, la presidenta se complica bastante porque estamos hablando de un indicio bastante claro de desbalance patrimonial. La UIF ha hecho un análisis de sus movimientos y ha encontrado todo esto. Entonces, lo que podría pasar es que la Fiscalía, en el tema de los Rolex, incluya en su investigación este desbalance patrimonial. Ya no solo son los relojes, sino también está el tema de sus cuentas”, indicó Caro.
Por su parte, Carrión recordó que los informes de la UIF son documentos que, por lo general, son determinantes a la hora de hallar responsabilidades tanto en lavado de activos como en otros delitos vinculados, como el de enriquecimiento ilícito.
“Si existe o no un desbalance patrimonial en sus cuentas, ella (Dina Boluarte) tendrá que demostrar si ha habido un balance patrimonial y que sus ingresos corresponden a sus egresos. Entonces, este caso va mucho más de los Rolex, por tanto, resulta transcendente los informes de las autoridades, como el de la UIF”, apuntó.
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Respecto a si se podría abrir una nueva línea de investigación, Caro sostuvo que la Fiscalía podría abrir una nueva pesquisa a la jefa de Estado por el presunto delito de lavado de activos.
“Por un lado, se refuerza la investigación que ya tiene por enriquecimiento ilícito y, por el otro, Boluarte podría enfrentar un caso por lavado de activos a raíz de este desbalance patrimonial no justificado (…) un dato clave ahí es el pago en efectivo del carro. Ella dice que fue producto de sus ahorros e ingresos, pero nadie tiene sus ahorros en efectivo”, acotó.
Para Carrión, el Ministerio Público tiene dos opciones: o bien podría ampliar la investigación que pesa sobre Boluarte por presunto lavado de activos a raíz de los aportes irregulares que habría recibido Perú Libre e incluir estos nuevos hallazgos o iniciar una nueva indagación independiente en su contra.
“Todo dependerá de la estrategia de la Fiscalía. Desde mi perspectiva sería mucho mejor y más practico que se abra una nueva carpeta (pesquisa), porque la línea de investigación del delito previo en el otro caso de lavado está vinculado a Perú Libre y las cuentas del partido, pero eso no tiene nada que ver con este caso”, remarcó.
Es más, el abogado estimó que, de acuerdo con la proyección de este caso, “cabría la posibilidad de que se sigan incorporando más indicios, evidencias, que se amplíe la línea de investigación y otros hechos” en los que no tiene nada que ver Perú Libre.
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El otro delito: fraude en la administración de personas jurídicas
Según informó el diario El Comercio, la mayor cantidad de depósitos en efectivo se hizo en las cuentas mancomunadas. La que más depósitos en efectivo recibió fue la de Boluarte con Néstor Amado Camargo, con quien compartió el consejo directivo del Club Departamental Apurímac en dos períodos: 2017-2019 y 2019-2022.
Entre el 2017 y el 2022, esa cuenta recibió S/893,095.
Amado Camargo, quien fue tesorero de Boluarte en su club departamental, señaló a dicho medio de comunicación que, según su estatuto, el presidente y secretario de economía manejan las finanzas de la organización.
“En el 2017 soy el secretario de economía del club. Y la señora Dina Boluarte es la presidenta del club. Entonces, de acuerdo con el estatuto, se maneja la economía del club entre el presidente y el secretario de economía. Eso es todo lo que le puedo decir”, indicó.
Sin embargo, el estatuto del Club Departamental Apurímac no especifica si los miembros del consejo directivo pueden abrir cuentas a su nombre.
Respecto a este tema, Carrión calificó esa situación como irregular debido a que lo usual es que en una empresa o club las cuentas estén a nombre de la institución y que la directiva solo sean los representantes, algo que no habría ocurrido en el caso de Boluarte y el Club Departamental Apurímac.
“Esto podría constituir, incluso, un delito de fraude en la administración de personas jurídicas, y que podría conllevar a una nueva línea de investigación (…) no es un delito grave, pero ya la Corte Suprema ha señalado que así no sea un delito grave, también puede constituirse como un delito previo al lavado de activos”, sostuvo.
Añadió que la sanción de este delito es de 4 hasta 6 años de prisión efectiva, como máximo.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
