El caso de la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada desde el pasado lunes 3 de noviembre en la embajada de México en Lima, empezó a generar contradicciones dentro del propio Gobierno.
Esto, luego de que el último viernes el Poder Judicial ordenara cinco meses de prisión preventiva en su contra en el marco del proceso judicial que afronta por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, así como su respectiva captura a nivel nacional e internacional.
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Ese mismo día, el actual titular de la PCM, Ernesto Álvarez Miranda, descartó tajantemente cualquier acción violenta contra la sede diplomática mexicana con la finalidad de detener a Chávez. Al ser consultado por la prensa, calificó esa opción como una “hipótesis negada” y recordó que el Perú es respetuoso del derecho internacional, por lo que remarcó que no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino.
En la misma línea, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, indicó que su institución respetará “lo que está establecido en los estándares internacionales”. De esta manera negó cualquier intervención policial en la embajada mexicana.
Sin embargo, el presidente José Jerí tuvo una postura diferente. En una entrevista con el diario El Comercio, dejó abierta la opción de un posible ingreso a dicha sede diplomática para detener a Chávez.
Betssy Chávez se encuentra asilada dentro del local de la embajada de México desde el pasado lunes 3 de noviembre.
“No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el Gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia (...) hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará“, dijo el último domingo, tras precisar que “no le tiembla la mano” al momento de adoptar acciones concretas.
“No tengo miedo cuando sé que estoy haciendo lo correcto”, añadió Jerí.
Unas horas después, el mandatario, en una forma de apaciguar sus declaraciones, indicó en sus redes sociales que tiene un equipo ministerial con experiencia y mencionó al canciller Hugo de Zela, a quien, según dijo, “siempre consulta y escucha mucho antes de cualquier acción concreta”.
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PIDEN AL EJECUTIVO TENER UNA SOLA POSICIÓN FRENTE A ESTE CASO
Estas declaraciones del mandatario no solo llamaron la atención, sino que evidenciaron una falta de coordinación en el Ejecutivo frente a este tema, según expertos consultados por Gestión.
Tanto el excanciller Luis Gonzales Posada como el experto en temas internacionales, Juan Velit, pidieron al Gobierno tener una sola posición frente al caso de Chávez. Coincidieron en señalar que el liderazgo debe recaer en la Cancillería.
“El Gobierno ha tenido una postura absolutamente contradictoria, digamos difícil de entender. Lo que el presidente debe hacer, al igual que el primer ministro, es que la Cancillería marque el rumbo y emita una sola posición, como siempre ha sido. Cuando eso no ocurre, se producen cruces como estamos comentando”, señaló Gonzales Posada a este diario.
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En la misma línea, Velit insistió en la necesidad de que el Ejecutivo uniformice sus declaraciones en torno a la situación jurídica de la expremier para evitar una desinformación.
“Hasta el momento, el Ejecutivo ha tenido dos posiciones, por lo que no se sabe cuál es la posición única del Ejecutivo. Hay una postura que tiene el Gabinete y otra que tiene el presidente. Ellos deberían ponerse de acuerdo para emitir una sola posición porque esto al pueblo peruano lo confunde y al concierto internacional lo desorienta”, aseveró.
El experto destacó la experiencia jurídica y diplomática del premier y del canciller, al considerar que ambos supieron abordar el tema “un poco con manos de seda”, algo que no hizo Jerí.
“Creo que por la inexperiencia del presidente Jerí y por sus deseos o su voluntad de querer agradar a un sector de la derecha, está mostrando una posición dura. Él quiere mostrar la misma posición de (Nayib) Bukele tanto en el concierto internacional como en la opinión pública nacional”, cuestionó.
Luis Gonzales Posada y Juan Velit coincidieron en señalar que la única postura en el Ejecutivo en torno al caso Betssy Chávez la debe fijar la Cancillería. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
LAS CONSECUENCIAS DE UNA EVENTUAL IRRUPCIÓN EN LA EMBAJADA DE MÉXICO
Gonzales Posada y Velit también coincidieron en señalar que ni el Gobierno ni la PNP pueden irrumpir en el local de la Embajada de México para detener a Chávez, pese a que exista una orden judicial de detención preliminar en su contra.
“Irrumpir en una embajada es un acto violatorio del derecho internacional. No lo pueden hacer y lo que dice el presidente demuestra un desconocimiento sobre este tema”, remarcó.
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El exministro recordó el caso del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien se asiló en la embajada de México en su país; sin embargo, las fuerzas de orden ecuatorianas irrumpieron en dicha sede diplomática y lo detuvieron a la fuerza para que cumpla su sentencia por un caso de corrupción.
“Esto provocó una protesta a nivel de las Naciones Unidas y de la OEA. Evidentemente, no abonó en el prestigio del Ecuador. Entonces, pensar en una hipótesis similar demuestra pues una actitud absolutamente irreal e incompatible con los principios que siempre ha mantenido el Perú de respeto al derecho internacional”, acotó Posada.
En tanto, Velit recordó que el Perú tiene una larga tradición de respeto al derecho internacional, por lo que advirtió que todo se podría echar al tacho si es que finalmente se interviene la embajada de México.
“El ingreso abrupto a la embajada de México no solo rompería una norma del derecho internacional, que es el respeto a la extraterritorialidad que tiene una embajada, sino que el Perú se instalaría en un espacio de paria internacional, puesto que sería visto por la comunidad internacional como una dictadura”, advirtió.
Al ser consultado por las consecuencias de una medida de este tipo, Velit indicó que el Perú no solo se aislaría del “concierto internacional” y sería percibido por otros países como irrespetuoso del derecho internacional, sino que podría enfrentar una sanción económica.
Betssy Chávez, quien se salvó de ser inhabilitada en el Congreso, afronta un juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. Foto: Andina.
“Si el Perú tuviera la osadía de ingresar abruptamente a la embajada de México, le sucedería lo mismo que al gobierno del presidente Daniel Novoa, de Ecuador, que ingresó a la sede diplomática mexicana en su país para detener al vicepresidente Glas, quien había sido condenado por corrupción. México ha denunciado a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU por US$ 150 millones. Ecuador está a punto de perder el proceso jurídico”, anotó.
Gonzales Posada también consideró que una medida de este tipo nos ocasionaría un desprestigio enorme y un grave problema internacional.
“México nos podría denunciar ante la CIJ y naturalmente en todos los foros vinculados a los derechos humanos. No se puede hacer eso, sería un salto al vacío con consecuencias muy negativas para el país”, sostuvo.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
