Desde la bancada de Avanza País buscan incrementar el plazo máximo de inhabilitación para altos funcionarios en la función pública, con la finalidad de reforzar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
De acuerdo con el proyecto de ley que impulsa la legisladora Patricia Chirinos, el periodo de inhabilitación que recaería sobre un funcionario, tras ser sometido a un proceso de antejuicio político, se elevará de 10 a 15 años.
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“Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 15 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad”, se lee en la iniciativa.
En el texto se agrega que el acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de un abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
“En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente”, se aprecia en la propuesta.
En caso el funcionario tenga una sentencia absolutoria, se precisa que la Corte Suprema devolverá al acusado sus derechos políticos.
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“Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”, recalca el proyecto.
Chirinos indicó que esta iniciativa tiene como objetivo abordar el problema de la corrupción de manera más contundente y eficaz, implementando una sanción más severa y disuasoria para quienes incurran en prácticas corruptas en el ámbito público.
“La propuesta pretende fortalecer las medidas de prevención y castigo ante conductas indebidas y garantizar que aquellos funcionarios que transgredan la ley y la Constitución enfrenten consecuencias más drásticas”, indicó en el documento.
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