La bancada de Avanza País presentó un proyecto de ley que busca aplicar la figura conocida como “muerte civil” para aquellos funcionarios sentenciados, de manera firme en el Poder Judicial, por delitos de corrupción.
La iniciativa en mención, de autoría de Norma Yarrow, busca modificar los artículos 36, 38, 382 y 401 del Decreto Legislativo 635, Código Penal.
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En la norma se precisa que la inhabilitación ocasiona, según disponga la sentencia, una “incapacidad definitiva para prestar servicios, bajo cualquier modalidad, en toda institución pública para aquel funcionario que haya sido condenado con sentencia firme por la comisión de los delitos contra la administración pública”.
Además de este cambio en el artículo 14, también se busca modificar las secciones que corresponden a los delitos de concusión y de enriquecimiento ilícito.
En cuanto al primer delito, se precisa que el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, por sí o mediante terceros, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años.
“Si el agente es un funcionario público que ocupa cargo de alta dirección, político, de confianza, incluso si su cargo emana de elección popular, en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, será sancionado, además de la pena privativa de la libertad, con pena de inhabilitación perpetua”, se advierte en el proyecto.
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Inhabilitación perpetua para el funcionario que se enriquezca
Respecto al delito de enriquecimiento ilícito, se plantea que el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años
“Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargo de alta dirección, político, de confianza, incluso si su cargo emana de elección popular, en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años; así como se le aplicará inhabilitación perpetua”, se lee en la propuesta.
De aprobarse este proyecto de ley, estos dos delitos se sumarían a otros delitos que permiten la “muerte civil”, como terrorismo, violación sexual, traición a la patria, parricidio, narcotráfico, homicidio y feminicidio, entre otros más.
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