La creciente ola de violencia contra el transporte público volvió a poner sobre la mesa un diagnóstico común: el Estado no cuenta con los recursos suficientes ni la articulación necesaria para responder de forma eficaz a la criminalidad.
En la Mesa de Trabajo sobre Seguridad Ciudadana en el Transporte, desarrollada en el Congreso, las principales autoridades del sistema de justicia y seguridad coincidieron en que la falta de presupuesto está frenando medidas clave como la implementación de las unidades de flagrancia o el fortalecimiento policial.
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La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, fue directa al señalar que el financiamiento es la principal barrera.
“Si no hemos podido avanzar o dar otros pasos es porque el tema presupuestal es una barrera. Ya habíamos trasladado esta preocupación al MEF. La implementación de las unidades de flagrancia tiene que contar con presupuesto adecuado para la PNP, Fiscalía, Defensa Pública y el Poder Judicial”, afirmó.
La magistrada advirtió que su institución “es el último eslabón” del sistema y que, sin recursos, cualquier reforma queda en el papel.
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Desde el Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, también cuestionó la falta de decisiones concretas pese a los numerosos espacios de coordinación.
“Tenemos reunión tras reunión y no pasamos de eso. Ese es el gran problema. Habíamos planteado la creación de un equipo especial interinstitucional para dar una respuesta precisa y contundente frente a la extorsión y el sicariato”, dijo.
Agregó que el Congreso debería impulsar un proyecto de ley que permita ejecutar ese plan con el presupuesto necesario.
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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respondió que dicha iniciativa ya existe.
“Ya se ha presentado un proyecto de ley para crear un equipo interinstitucional contra la extorsión y el sicariato. Fue presentado por el presidente José Jerí cuando era presidente del Congreso”, informó.
En ese sentido, el ministro del Interior, Víctor Tiburcio, aseguró que su sector ha implementado medidas operativas como el patrullaje a cargo de los Halcones, el control de identidad y los planes Amanecer y Retorno Seguro, pero coincidió en que el presupuesto sigue siendo limitado.
“Dado los últimos sucesos, los horarios se han ampliado. También se han establecido medidas de reserva de identidad para casos de extorsión y sicariato. Estamos implementando el fortalecimiento de la PNP”, explicó.
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A su turno, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, detalló que el MTC viene ejecutando acciones de coordinación y modernización, aunque reconoció que su impacto dependerá de la disponibilidad de fondos.
“Se ha creado un equipo de articulación para asistencia legal y cooperación interinstitucional, además de la instalación de cámaras de videovigilancia en los buses. También hay un compromiso para modificar el reglamento de licencias y profesionalizar el transporte”, señaló.
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Incluso desde el sector privado hubo un llamado a la coordinación efectiva. El representante del gremio de transporte formal, Martín Ojeda, sostuvo que las medidas acordadas solo tendrán sentido si se aplican con respaldo político y financiero.
“Hemos establecido un acta de acuerdos que algunos desean mejorar, pero trabajando en conjunto. En uno de los acuerdos hablamos de fortalecer las unidades de flagrancia, tenemos que hacerlo”, indicó.
En conjunto, las intervenciones evidenciaron que la inseguridad en el transporte se ha convertido no solo en un problema policial, sino en un desafío de gestión pública y financiamiento. Sin un refuerzo presupuestal integral -coordinado entre el Ejecutivo, el Congreso y el MEF- las instituciones reconocen que sus capacidades seguirán siendo limitadas.
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Congreso lamenta muerte de ciudadano en protestas y pide investigación
En medio de la reunión, la Mesa Directiva del Congreso de la República difundió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz durante las protestas recientes.
El Parlamento exhortó a las autoridades a realizar una investigación rápida e independiente para esclarecer las circunstancias del hecho, expresó su respaldo a la Policía Nacional y rechazó toda forma de violencia.
“El Perú necesita reencontrarse en el respeto, la empatía y el diálogo. Ninguna causa justifica la violencia ni la pérdida de vidas humanas”, señala el pronunciamiento firmado por Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López.
